LA PAGUITA

CON ese look tan personal de sindicalista fashion, compareció la ministra Yolanda Díaz, exultante ante los medios. Siempre le guardaré un respeto más que singular por haber borrado del mapa político la versión más casposa y demagógica generada por la izquierda española, quizá durante toda su historia. Pero, claro, eso no implica extenderle un cheque en blanco, sobre todo al trasfondo de alguna de sus iniciativas, por más glamuroso que sea su envoltorio. Entre sindicalistas y sin empresarios, apareció frente a los medios para anunciar una reforma amplía del subsidio de desempleo. En síntesis, aumenta prácticamente todo, las cuantías mínimas, las coberturas especiales y los trabajadores afectados, además de hacerlo compatible con los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura e, incluso, con otra ocupación laboral, al menos durante 180 días. Simbólicamente, además, Díaz gana un longevo pulso que mantenía con Nadia Calviño desde su época de ministra, por más que el desenlace obedezca, no tanto a logros propios, como al nuevo destino de su rival, ahora en el Banco Europeo de Inversiones.

Costaría mantener una oposición frontal a la medida adoptada por la ministra Díaz, a poco que se tenga algo de sensibilidad social y se albergue la convicción

Costaría mantener una oposición frontal a la medida adoptada por la ministra Díaz, a poco que se tenga algo de sensibilidad social

de que las sociedades democráticas han de preservar un mínimo de decencia moral en forma de principio de solidaridad. Esa no es la cuestión. El problema para mí radica en la argumentación, el trasfondo y sus implicaciones. Haciendo acopio de su formación como sindicalista, la ministra Díaz reivindicaba estas medidas, no como una paguita, sino como un derecho de los trabajadores. En eso parece que está de acuerdo con Podemos, lo que no deja de ser un síntoma del grado de degeneración al que ha llegado la izquierda española en su conjunto. Los trabajadores a lo que tienen derecho es a un trabajo digno. En los países del socialismo real ni tan siquiera era un derecho, sino una obligación. Eso sí, el estado se encargaba de suministrarlo.

En nuestra sociedad la paguita constituye un doble enmascaramiento. Por una parte, sufraga el silencio de masas considerables de población, silenciadas con la paguita, a cambio de no reclamar reformas estructurales de hondo calado, con la consiguiente repercusión social que ello tendría. El subsidio agrario recubrió de bruma la necesaria reforma de la propiedad de la tierra, tanto en amplias zonas de Andalucía, como en Extremadura.