Objetivo: frenar al tren-tranvía

El colectivo antitranvía arropa a los afectados y anuncia que pedirá a la Audiencia Nacional que paralice las pruebas

El objetivo es frenar la llegada del tren-tranvía. Expropiados de la manzana de Montañeses de la Isla, la plataforma Sentencia Tranvía y la formación política a la que dio pie, Plataforma 3R, han confirmado que harán todo lo posible y que echarán mano a todos los recursos administrativos y judiciales que estén a su alcance para evitar que pase por la calle Real y encajar “en la legalidad” el polémico proyecto.

Creen que es el momento de empezar a pedir responsabilidades a todos los que han impulsado la puesta en marcha al confirmar lo que apuntaba hace unos días.

Se refiere, claro está, a que solicitarán la paralización absoluta de las pruebas previas a la puesta en funcionamiento de este medio de transporte, lo que –de admitirse– podría ser una estocada definitiva para un proyecto que arrastra ya demasiados achaques y retrasos, que tiene que arrancar antes del 31 de marzo y cuya puesta en marcha queda también ahora a merced de un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, toda vez que tanto PP como Cs se han mostrado reacios al tranvía.

Los argumentos que esgrime el movimiento antitranvía son, en gran medida, los mismos que lleva utilizando en los últimos años. Primero, que el tranvía “es ilegal”. El proyecto,dicen, es “completamente nulo” tras la doble sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que propiciaron las expropiaciones llevadas a cabo en la manzana de Montañeses de La Isla.

En segundo lugar, advierten, la calle Real sigue siendo titularidad del Estado ya que nunca –aseguran– se llegó a formalizar la recepción de la antigua travesía de la N-IV. “Es de la Dirección General de Carreteras”, una administración que –recuerdan– en ningún momento ha autorizado el paso del tranvía ni las pruebas que ahora van a llevarse a cabo.

Pero sobre todo –afirman– solicitarán estas medidas cautelares

porque están convencidos de que supone un peligro para la seguridad colectiva. “Esto va a ser un paso a nivel de cuatro kilómetros”, asegura Carmen Ortiz. “Pasa por delante de varios colegios y no hay garantías de seguridad”.

Se teme también el efecto que causará el paso del tranvía en numerosos edificios de la ciudad, especialmente en aquellos que se encuentran en peor estado de conservación, como la Casa Lazaga o la antigua sede de la Cruz Roja, ambos –por cierto– de titularidad municipal.

“En las pruebas de 2017, por dos veces se cayeron las cristaleras del Centro de Congresos. Y es un edificio recientemente rehabilitado”, alertan al advertir del efecto de “fatiga” que causará el tranvía una vez se ponga en marcha el tranvía en un elevado número de inmuebles del centro. Es una de los principales argumentos que utilizan para solicitar la adopción de medidas cautelares a la Audiencia Nacional, trámite que ya se da por hecho una vez retomadas las pruebas en Chiclana.

Critican además la fecha escogida finalmente para la realización de las pruebas “con un gobierno andaluz en funciones y en plena campaña de Navidad”, lo que afecta –señalan– al comercio.

Insisten en la “ilegalidad” del proyecto y en que la calle Real es titularidad del Estado