Cádiz 1995
La Junta del PSOE montó un ayuntamiento paralelo cuando Teófila ganó en Cádiz ¿Se repetirá esta estrategia con el posible gobierno del PP en Andalucía?
Teófila Martínez ganó las elecciones municipales de 1995. El PSOE, tras dieciséis años al frente del Ayuntamiento de Cádiz, pasó a la oposición. Sabían que iban a perder pero tenían la esperanza de lograr la mayoría coaligados con Izquierda Unida. No fue así. Martínez ganó con mayoría, y así siguió durante dos décadas.
La llegada del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz descolocó a los socialistas. Habían perdido una de las joyas de la corona en Andalucía por sus propios errores y, sobre todo, por el abandono que la ciudad había sufrido de los gobiernos del PSOE tanto en Madrid como en Sevilla.
Asumiendo que la ciudadanía les había dado la espalda y sabedores también de la capacidad de trabajo de Teófila Martínez, la dirección del PSOE andaluz optó por una medida que, inicialmente arriesgada, confiaban en que les daría suficientes réditos como para recuperar el poder lo más pronto posible: transformar la Junta en Cádiz en un Ayuntamiento paralelo.
La idea era cerrar el grifo. Algo nada complicado pues el propio alcalde socialista, Carlos Díaz, había sufrido la incomprensión de sus compañeros. Se empezó con la decisión de no apoyar la ejecución de los proyectos estrellas del programa de Martínez: el soterramiento de la vía del tren y la construcción de un nuevo puente, que ya tenía el 'no' del Ministerio de Fomento incluso en la etapa de Díaz (cuando como ministro estaba José Borrell, hoy titular de Exteriores con Pedro Sánchez).
En 1996 el PSOE pierde también el gobierno central. Cae una de las patas de la presión al consistorio conservador. Encima, Martínez logra el visto bueno del Ministerio de Fomento del PP para el soterramiento. Sin ganas, la administración regional se ve obligada a integrarse en esta obra. De otra forma su imagen hubiera quedado por los suelos. O mejor, por las profundidades.
Sólo ante el peligro, la Junta socialista decide apretar las clavijas y en febrero de 1999 aprobará un decreto que, a la larga beneficioso para la ciudad, va a provocar un enfrentamiento entre las dos instituciones.
El decreto quitaba al Ayuntamiento su capacidad de actuar sobre la vivienda en la ciudad. Nacía así el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo de Cádiz. Barra libre económica para eliminar la infravivienda (300 fincas con esta lacra) con el sello socialista. Al Ayuntamiento el gobierno regional le dejó unas migajas que, ciertamente, ejecutó con evidente agilidad.
Lo que no tuvo en cuenta el socialismo andaluz es que el ciudadano sitúa al Ayuntamiento, para lo bueno y para lo malo, en el centro de su vida, y las bondades electorales de la rehabilitación acabaron por caer del lado de los populares.
Ante esta situación, la estrategia se retuerce cuando se plantea la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Lo que debía ser una organización conjunta acaba dispersándose entre varias administraciones. La Junta anuncia millonarias inversiones (Oratorio, biblioteca Seminario Diocesano, castillo de San Sebastián...) ignorando al Ayuntamiento.
Las divergencias internas en el socialismo hicieron estallar todo este planteamiento. Llegaron nuevas formas más dialogantes, aunque ya era tarde para levantar la conmemoración que, al final, se salvó gracias al gobierno de Teófila Martínez.
Tal vez fue el descontrol en la organización de esta celebración lo que provocó un cambio de actitud de la Junta en su relación con el Ayuntamiento del PP, abriendo puertas para el diálogo.
Así, en poco tiempo se cerraron acuerdos para la construcción de la Ciudad de la Justicia, el Hospital Regional, Tiempo Libre, Loreto, Matadero, chalé de San Luis..., aunque el abrupto final del gobierno del PP en 2015 dejó en el aire la bondad o no de estas negociaciones.
Ahora, las tornas han cambiado.
La izquierda, a modo de coalición directamente sustentada con los votos del PSOE, gobierna la ciudad y la derecha, presumiblemente, se prepara para gestionar la administración regional. Se abre así un nuevo modo de relación novedoso en cuarenta años de ayuntamientos democráticos en la ciudad y se abre así la incógnita de ver cómo van a ser las relaciones entre las administraciones y, sobre todo, cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno conservador de la Junta hacia el Ayuntamiento izquierdista de Cádiz.
¿Repetirá la nueva Junta la política de tierra quemada de la primera etapa de Teófila Martínez? ¿Optará por mantener la vía de diálogo con lo que consideran como izquierda radical en beneficio de la ciudad?
Lo cierto es que la administración regional tiene por delante demasiados proyectos pendien-
Cuando el PP ganó en 1995 se encontró frente por frente con una Junta socialista
tes. Y en varios de los más destacados, atendiendo a lo dicho en la pasada campaña electoral, la propuesta conservadora introduce algunos cambios sustanciales.
Por lo pronto, el PP ya ha dicho que la Ciudad de la Justicia debe construirse en su lugar original, en San Severiano. Choca así con el convenio vigente entre las dos administraciones por el que el complejo judicial se ubicaba en terrenos de los depósitos de tabacos de Loreto. ¿Qué pasará ahora con un proyecto que viene coleando desde hace quince años? ¿Tendrá la nueva Junta dinero para afrontar una operación tan costosa?
A la vez, los populares defendieron también la construcción del Hospital Regional en Puntales. Este es uno de los grandes fracasos en la ciudad de la Junta socialista. Se prometió hace quince años, se firmaron varios convenios, el Ayuntamiento de Teófila Martínez dio todas las facilidades, se elaboró incluso el proyecto y se valoró en 200 millones de euros. Llegó la crisis y se paró todo. El PSOE ahora defiende la continuidad de esta promesa a expensas de que Andalucía ampliase los fondos que recibe del Estado. Si no, nada. Frente a ello, el PP dice que va a hacer el centro sanitario. La cuestión es que pongan fecha y que ésta no iguale a los retrasos socialistas.
A la vez, en manos de la Junta está la financiación del desarrollo universitario de la ciudad: la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel o el cambio de ubicación del Centro de Arqueología Submarina; a la vez que un cambio de gobierno supondrá un cambio al frente de la Autoridad Portuaria, que tiene entre manos una de las mayores operaciones urbanísticas y de desarrollo de la capital: el uso ciudadano de 300.000 metros cuadrados de suelo portuario.
Más allá de ello, en la relación entre las dos administraciones se encuentran la continuidad del carril bici, la reactivación del Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, el futuro hotel en tiempo Libre, los usos del chalé de San Luis, las viviendas en el solar de Loreto... Muchos temas pendientes y, la gran mayoría de importancia para la ciudad.
En la campaña electoral el PP se ha comprometido a construir el Hospital