Andalucía comete una de cada tres infracciones de la ‘ley mordaza’
Un mes después del 15-M llegó el 15-J. Era el año 2011. Mantenido el tortazo de la crisis en la cara de los ciudadanos, España era un clamor contra los gobernantes. En Barcelona, unos pocos miles de indignados acudieron al parque de la Ciudadela a rodear el Parlamento de Cataluña con el objetivo de impedir la entrada de sus representantes, que debían debatir los presupuestos autonómicos. Artur Mas, presidente de la Generalitat, que tuvo que acceder a la Cámara en un helicóptero de los Mossos, pasó miedo. Cuentan que mucho miedo. Desde aquel día nada fue igual en España.
Para enjugar los temores que provocaba la calle, la clase política conservadora y catalanista tomó dos decisiones de calado. Una, echarse al monte de la secesión. Dos, promover en el Congreso de los Diputados una interpelación urgente para “reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de la multirreincidencia y violencia callejera”.
Fue el primer paso para una reforma legal a la que se agarraron con alivio no pocos políticos, algunos de ellos víctimas en aquellos días de ocasionales escraches.
El Gobierno de Mariano Rajoy, con la mayoría absoluta en las Cortes Generales, no tuvo problemas para firmar una remozada norma, conocida como la ley mordaza, que fue publicada en el BOE el 30 de marzo de 2015 como Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. La crítica fue feroz.
Desde entonces, como se advirtió desde el principio, la comisión de infracciones no ha parado de crecer. Andalucía, la comunidad autónoma más poblada, registró casi un tercio de todas las sanciones (31,7%) incoadas en el conjunto del país a lo largo de 2016 (62.777) y justo un tercio en 2017 (33,3%): 76.519 sanciones de un total de 229.932.
A excepción de Málaga, todas
las provincias andaluzas han visto incrementado sensiblemente el número de infracciones de un año a otro, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, En este balance están excluidos los expedientes incoados en tres comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco y Navarra.
Para Ana Castaño, coordinadora del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, las magnitudes van en paralelo a su capacidad de protesta. “Andalucía es, con notable diferencia, la comunidad autónoma de España donde más manifestaciones y concentraciones se producen”, explica.
Castaño recuerda cómo la conocida como ley mordaza nació con un fórceps de reacción. “La ley dio respuesta a las movilizaciones en la calle. Se pueden
observar artículos concretos expresamente dirigidos a sectores y colectivos que aparecieron por entonces, a sus actividades concretas y a la creatividad de los movimientos”, explica.
La aprobación de la Ley 4/2015 fue una ocasión para desviar tipos penales hacia la vía administrativa, un modo de desatascar la endémica saturación de los juzgados, justificaba el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que comporta el peligro de convertir el sistema en una burorrepresión –como fue calificada–, es decir, “la preferencia de una persecución administrativa gravosa en las multas frente a una persecución penal más serena”.
“Sabemos lo que ocurre con las sanciones penales, pero no sabemos lo que ocurre con las sanciones administrativas, unas veces tendentes a la impunidad y otras veces tendentes a la arbitrariedad”, explica Luis Arroyo, director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, refiriéndose a la exposición de una sociedad a que sus agentes de Policía reciben una potestad punitiva propia de la Justicia.
Las faltas de la ley mordaza se dividen en tres categorías: drogas, armas y explosivos y seguridad ciudadana. De ser delitos incluidos en el Código Penal han pasado a contemplarse como faltas administrativas. Y quien decide sobre las infracciones es el agente, algo que ha provocado no pocas críticas en ciertos sectores jurídicos y sociales.
El artículo más infringido, después del referido al consumo o tenencia de drogas, es el 37.4, que castiga la falta de respeto o desconsideración hacia la autoridad. “Este punto otorga una gran discrecionalidad a la Policía”, advierte Esteban
Todas las provincias, excepto Málaga, registran un notable incremento de incoaciones en 2017 Sevilla, la más sancionada de toda España
Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. El número, en España, también es creciente. 19.497 en 2016 y 21.122 en 2017. “La aplicación de este artículo ha superado los seis millones de euros en multas, un artículo que creemos que tiene una excesiva ambigüedad”, amplía Beltrán al mencionar otro de los puntos altamente cuestionados de la norma.
Las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015 en España. Alcanzó los 89,6 millones en 2016 y 135,7 millones en 2017. Entre las provincias donde el Estado ha recaudado más dinero en multas por aplicación de la ley mordaza figuran, en primera lugar, Sevilla (8,8 millones en 2017) y, en cuarto lugar, Málaga (8,4).
La paradoja, para algunos críticos, salta a la vista: comunidades pobres son las que más contribuyen a las arcas del Estado por protestar, ser desconsiderado y por consumir o trasladar sustancias ilícitas que provocan evasión.
El número de multas por aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 no ha dejado de aumentar La desconsideración a la autoridad es la falta más cometida tras el consumo de drogas