El interventor denuncia que es el “clavo ardiendo” al que se agarran los políticos
Reprocha que realizó numerosas advertencias a los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación y éstos “no hicieron nada” para subsanar las irregularidades siendo los competentes
Como se esperaba el informe de la defensa del interventor general ha roto la aparente y frágil unidad de actuación de las defensas en el juicio de los ERE. El abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor Manuel Gómez, aseguró ayer en su informe de conclusiones que la Intervención General de la Junta es el “clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades”.
José Rebollo, que se incorporó al juicio tras una larga ausencia por motivos de enfermedad, consideró que los consejeros de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación de la Junta recibieron numerosas “advertencias” y “no hicieron nada” para subsanar las irregularidades a pesar de que eran los competentes para ello.
El letrado comenzó su informe anunciando que iba a defender al interventor de los cargos que le imputan las acusaciones, la Fiscalía y las acusaciones populares, pero no se iba a defender de las acusaciones “formuladas por otras defensas” que, a su juicio, se basan en una interpretación “errónea, tosca, cuando no falaz” de determinadas normas, en una “estrategia a la desesperada y evasiva”, opinó.
“La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades”, afirmó el letrado, que denunció como otras defensas la “absoluta oscuridad” y la “defensa a ciegas” que han tenido que realizar en este juicio ante la falta de concreción de los hechos que se le atribuyen a su defendido para solicitarle una condena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La defensa recordó los “19 informes” que emitió la Intervención general de la Junta denunciando las irregularidades e insistió en que Manuel Gómez “advirtió en numerosas ocasiones” de estas deficiencias y “los competentes para subsanarlas no hicieron nada”.
En este sentido, desgranó las actuaciones que, a su juicio, pudieron realizar cada uno de los titulares de estas consejerías. Así, dijo que el consejero de Empleo “pudo dictar órdenes” para que no se tramitaran las transferencias de financiación y también pudo ordenar la rescisión de los convenios particulares por los que se concedían las ayudas; el consejero de Hacienda pudo ordenar a la Tesorería General que no se pagaran las ayudas; y el consejero de Innovación también pudo dar instrucciones para rescindir los convenios y dejar de abonar las cantidades que le ordenaba Empleo.
Los tres consejeros estaban “habilitados para tomar las medidas necesarias tanto como para suspender la tramitación de las transferencias de financiación, como para desechar el uso inapropiado las transferencias de financiación”, argumentó la defensa de Manuel Gómez.
El abogado José Rebollo dedicó la última parte de su informe a un capítulo que denominó “lo que pudieron hacer los demás”, en el que sostuvo que la Intervención General realizó “numerosas actuaciones” que estaban a su alcance, pero no pudo hacer otras porque “carecía de competencias” y se refirió también a lo que “otros órganos responsables de la instauración y mantenimiento del sistema pudieron hacer”. En este sentido, señaló, a título de ejemplo, que el Consejo de Gobierno podría haber dictado las oportunas instrucciones a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda para que “corrigieran las deficiencias advertidas por la Intervención”. También podría haber “impartido directrices vinculantes a estas consejerías para que subsanaran las deficiencias, así como suspender la gestión y pago de las ayudas, y regular con detalle el régimen de las transferencias de financiación y el régimen de las ayudas sociolaborales.
Por su parte, la Consejería de Empleo, como órgano competente para formular el anteproyecto de presupuesto para su departamento, “en lugar de haber presupuestado las transferencias cuyo destino les era sobradamente conocido, debería haber presupuestado las partidas adecuadas para la concesión de subvenciones, lo que hubiera permitido la fiscalización previa de las ayudas por parte de la Intervención” y podría haber dejado de proponer los pagos de las transferencias de financiación.
Y la Consejería de Hacienda, continuó Rebollo, ostenta amplias facultades que “hubieran podido dificultar, si no impedir, la forma de proceder completamente inadecuada de los otros órganos”. Hacienda, haciendo uso de las facultades que el reglamento de la Intervención le atribuye, “podría haber remitido el informe definitivo al Consejo de Gobierno para la adopción de las medidas que sean necesaria”, ha dicho el letrado.
La defensa cree “sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no le era posible”.
Ve sorprendente que se hable de una falta de control del interventor que no era posible