Zarrías dice que se impulsa a los peritos a emitir “un veredicto de un jurado”
Impugna la prueba de la IGAE porque ha sido convertida en una "pericial sobre la culpabilidad" de los 21 ex altos cargos
La defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías impugnó ayer la prueba pericial de los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la prueba estrella del juicio de los ERE, al estimar que se trata de una pericial jurídica que está vedada por la ley, y con la que la Fiscalía Anticorrupcion y la acusación del PP pretendieron construir la “única prueba de cargo” en este juicio al interrogar a estos peritos y proponerles que emitieran “un veredicto de un jurado”.
El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa a Zarrías, pidió al tribunal que declare nulo el informe pericial de la IGAE, una petición a la que se han adherido la mayoría de las defensa de los 21 ex altos cargos que le han precedido en su informe, ydestacó la “influencia negativa” que este informe ha tenido sobre el objeto del procedimiento.
Así, dijo que esta “prueba reina” que se ha convertido en la “columna vertebral de la instrucción” se apartó del destino del dinero, al considerar las acusaciones que las ayudas concedidas por importe de 680 millones de euros son fraudulentas porque “el procedimiento es fraudulento y ya no importa el destino del dinero” porque, en lugar de investigar la desviaciones individuales de esas ayudas, se “empezó por arriba, con el juicio contra la cúpula de la Comunidad Autónoma”.
Este dictamen pericial, prosiguió, ha causado "mucho daño" al desviar el objetivo de la investigación. “El procedimiento es fraudulento, ergo las ayudas son fraudulentas. Ya no hay que investigar más y luego se viene aquí a partir culpas, afectando a todos los acusados”.
La defensa recordó que esta prueba, acordada por la juez Mercedes Alaya en un auto dictado el 7 de febrero de 2012, se calificó inicialmente como una prueba “pericial contable”, con un contenido económico-financiero para la cual “parecían los peritos idóneos” y cuya primera tarea teórica consistía en “seguir el circuito y el dinero” presuntamente malversado en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta durante una década.
Sin embargo, en ese auto, la instructora de las macrocausas introdujo un último párrafo en el que ordenaba a estos peritos analizar si los expedientes se habían ajustado a los procedimientos legalmente establecidos, así como la idoneidad del procedimiento y cualquier otro particular que afectara a la normativa de aplicación a estas ayudas, con lo que, aseveró el letrado, se estaba pidiendo "una prueba de legalidad”.
Martínez-Fresneda afirmó que en marzo de 2015 ya se opuso a esta prueba pericial con motivo de la instrucción en el Tribunal Supremo contra los aforados, entre ellos Zarrías, y afirmó que la “prueba reina” acabó convirtiéndose no sólo en un dictamen jurídico, sino en una “pericia sobre la responsabilidad penal de los acusados” y se transformó en “una clase de Derecho del perito, que además es economista, no abogado”.
A juicio del letrado, con esta prueba “se franquea un línea roja: convertir la pericia en una pericia sobre culpabilidad”, una vez que tanto el fiscal como la acusación popular del PP fueron preguntando a estos peritos sobre la participación que había tenido cada uno de los 21 acusados y sobre lo que debió hacer y no hizo en relación con el pago de estas ayudas.
El abogado subrayó que la prueba pericial constituye una “flagrante vulneración” de la Constitución, que reserva la facultad de juzgar a los tribunales de Justicia, porque en este caso los peritos, que además eran 9 –incluidos los de las defensas–, parecían “un jurado al que se le pedía un veredicto”. Martínez-Fresneda citó la sentencia del Tribunal Supremo del Caso Nóos, para afirmar que este tipo de periciales supone un “asesinato alevoso del principio iura novit curia”, un aforismo latino que significa que el juez conoce el Derecho.
El abogado de Zarrías se refirió a la postura totalmente contraria de la Fiscalía y el PP en la causa de los avales, donde “sostienen lo contrario de lo que defienden aquí”, en alusión a que impugnaron por considerar que se trataba de una pericial jurídica la encargada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) en la macrocausa de los préstamos y avales concedidos por la agencia IDEA, donde recusaron la designación de estos peritos.
Martínez-Fresneda empleó la ironía para afirmar que no va a emplear en este juicio el argumento que con tanta “brillantez” utilizó el PP para descartar a los peritos de la IGJA al afirmar que unos “interventores que son del Gobierno no son imparciales”.
El abogado ironizó sobre la “brillantez” de los argumentos del Partido Popular