PROTESTAS EN FRANCIA
La recaudación de todo tipo de impuestos y de contribuciones a la Seguridad Social alcanza el 46,2% del PIB, el más elevado del mundo, por delante de Dinamarca (46%), Suecia (44%), Alemania (37,5%) y de la media de la OCDE (34,2%). En EEUU, la cifra alcanza el 27,1%. En España, el 33,7%.
En el caso francés, una de las peculiaridades es el desproporcionado peso de las cargas sociales sobre el total de recaudación. Estas alcanzan el 37% del total de la recaudación, frente al 26% de media en la OCDE. Y los impuestos sobre el propiedad de la vivienda alcanza el 9%, frente al 6% de la OCDE.
El Gobierno ha considerado que, como el IVA representa el 15% del total, había margen para que su contribución fuera mayor. Hemos visto la reacción espontánea de la gente que, sin dirigentes claros ni una organización tradicional –las convocatorias se han realizado utilizando mensajes en los móviles–, tienen conectados en sus cabezas no sólo el IVA que pagan, sino el resto de cargas fiscales.
Además, la presión fiscal añadida al diésel se ha intentado implantar sobre una carga fiscal que no para de incrementarse año tras año. Si hasta el año 2008 esa presión fiscal fue reduciéndose (aunque levemente), desde el 2009 ha pasado del 41,53% al 46,23%, una subida muy significativa.
Aunque no sea el único motivo de las protestas, los franceses consideran que están fritos a impuestos y no desean pagar más.
Algunos críticos argumentan que los ricos deberían pagar más para sostener al Estado. Pero las cifras reales de recaudación no dan, ni de lejos, para cumplir este objetivo. Del billón largo de euros que el Estado francés recaudó el año pasado, sólo 5.000 millones provenían del impuesto sobre el patrimonio. Macron ha suprimido este impuesto y ahora puede verse obligado a implantarlo de nuevo. Y no podrá depositar muchas esperanzas en su capacidad recaudatoria. La diversidad de vehículos fiscales y de movilidad del capital hacen muy difícil que ese impuesto represente una partida importante para la hacienda francesa.
Con todo este panorama por delante, Macron se va ver obligado a reformular su plan de reformas, lo que no va a contribuir a la reestructuración del Estado que Francia necesita. Con más de cinco millones y medio de funcionarios, con un gasto en salud y pensiones que no es sostenible con los actuales parámetros, puede confirmarse la opinión de muchos expertos de que el sector público en Francia no admite reformas de calado.
Si Macron quiere construir una Francia fuerte como lo era antes, tendrá que llegar a un acuerdo con agentes muy variados, de difícil consecución. Lo que le va a resultar imposible es cumplir una de las promesas electorales: reducir impuestos y mejorar los servicios públicos, simultáneamente.