Hasta el PP “conocía” las transferencias
El abogado de Griñán rechazó la tesis que sostienen los peritos de la IGAE respecto a que el Parlamento andaluz fue “engañado o inducido a error” con el uso de las transferencias de financiación y para acreditarlo ha afirmado que hasta el portavoz del PP en la Comisión de Economía Salvador Fuentes Lopera “sabía perfectamente” el destino de las transferencias al IFA/IDEA para el pago de las ayudas. Mohedano hizo hincapié en que todas las formaciones políticas representadas en la Cámara andaluza sabían lo que eran las transferencias de financiación y su destino, y actuaban “con normalidad”. El letrado explicó que Salvador Fuentes Lopera, portavoz del PP en la comisión de Economía, “conocía con todo detalle” el uso de las transferencias y la retención de crédito que se acordó en el año 2004 por la Intervención general de la Junta. El abogado del ex presidente andaluz explicó que este parlamentario popular solicitó información a la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento sobre los pagos a las empresas públicas realizadas en los años 2001, 2002, 2003 y 2004, así como sobre las transferencias de financiación, por lo que, en opinión de Mohedano, el parlamentario del PP “sabía perfectamente” la utilización de este instrumento. mediante un simple juicio de inferencia carente de apoyatura en hechos externos y sometidos al debate”. De ahí que las acusaciones “han de aportar pruebas externas tanto del hecho objetivo como del hecho subjetivo”.
Trasladada esta doctrina a los ERE, Mohedano aseguró que el supuesto concierto de los ex altos cargos para introducir las transferencias de financiación con la finalidad de evitar la fiscalización previa no está probado “más allá de un juicio de inferencia”, y aunque apuntó que este tipo de argumentos “puede servir para otras cosas, para un juicio penal no sirven”. Agregó que en este caso ya no se trata de un juicio de inferencia, sino un “prejuicio de inferencia”, por lo que las acusaciones tienen que probar que las transferencias se eligieron para eludir la fiscalización previa. “¿En qué se diferencian estos juicios de inferencia de una convicción íntima de las acusaciones? En nada. Y no se pueden juzgar estos hechos por juicios de inferencia que no han sido probados desde el principio hasta el final”, concluyó.