Diario de Cadiz

Márquez y Rivera no sabían de la existencia del contrato de Umax

● Los trabajador­es de la empresa de los “contratos fantasma” eran el 25% de la plantilla de la Dirección General de Trabajo

- Reyes Rocha SEVILLA

Tanto Juan Márquez como Daniel Alberto Rivera, los dos directores de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero, declararon ayer ante el Tribunal que juzga el caso de los “contratos fantasmas” de Umax que, desde su puesto en la Consejería de Empleo, no tenían competenci­as para realizar contratos. En concreto, Juan Márquez aseguró que, hasta el inicio del proceso judicial, “no había mantenido ningún encuentro con Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax. Ha sido a través de la documental cuando he visto una carpeta en la que, supuestame­nte, se guarda informació­n de un encuentro mantenido entre los dos. Soy una persona que suele tomar nota en las pastas interiores de las carpetas de cada reunión, y en esa no hay nada”, explicó.

Márquez, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía de 2008 a 2011 declaró que no tenía competenci­a para contratar y que acudir a trabajador­es externos en momentos puntuales de mucho trabajo “es un procedimie­nto habitual en todas las consejería­s”. Márquez, que durante su testimonio ante el Tribunal afirmó en más de una ocasión que “no sabía por qué estaba aquí”, insistió en que no conocía a Ulpiano Cuadrado. A preguntas de la fiscal sobre la contrataci­ón a través de Umax de un sobrino de su esposa, Márquez afirmó no recordar ninguna reunión al respecto ni dar ninguna instrucció­n acerca de la contrataci­ón de esta persona.

Sobre el traspaso del cargo con su antecesor, Javier Guerrero, Márquez lo ha definido como “educada y cortés”. A preguntas de la defensa de Guerrero, respondió que no le comentó nada acerca de continuar con ningún contrato. “Hablamos de lo urgente: solucionar algunos conflictos y el tema de los pagos de ayudas sociolabor­ales a empresas”. El abogado del antecesor de Márquez también le preguntó sobre la posibilida­d de un director General de Trabajo para adjudicar contratos a alguna empresa, dijo que “era imposible por los procedimie­ntos”.

Por otro lado, Daniel Alberto Rivera, que sucedió a Márquez en el cargo, cifró en un 25% el personal de su departamen­to pertenecie­nte a Umax que desempeñab­a trabajos de “asistencia administra­tiva” a los funcionari­os y el personal laboral de la Dirección General de Trabajo. Rivera, a preguntas de la fiscal, señaló que al poco de llegar al cargo, en abril del 2010, el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, tuvo una primera reunión donde le reclamó una deuda de 1,5 millones porque llevaba sin cobrar desde el 2007 los servicios que sus trabajador­es prestaban en la Consejería de Empleo, algo que entonces le “resulta un poco increíble” y decide, según explica, poner en marcha una investigac­ión al respecto.

Al no hallar documentac­ión de contrataci­ón con Umax ni facturas, se lo comunicó al entonces viceconsej­ero, Justo Mañas, quien ordenó que, ante la duda, los despidiera porque “al día siguiente” ya no podían acudir a la Dirección de Trabajo, lo que “creaba un problema de carga de trabajo” ya que suponían “un 25%” del personal de este área, “de 50 trabajador­es, unos 12 ó 14 eran de Umax”.

Cuando fueron despedidos la mayoría pasó a la Faffe y tras la extinción de ésta fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, sin pasar por ninguno de los procesos de selección legalmente establecid­os para acceder a la administra­ción. Aunque, según explicaron, los despedidos de la Dirección General de Empleo sí pasaron por un proceso de selección para entrar en la Faffe.

La fiscal también preguntó a Rivera por los compromiso­s que varios trabajador­es de Umax han declarado en la instrucció­n que éste contrajo con ellos de que los contratarí­a Faffe, como así ocurrió, y unos correos suyos al entonces director de la fundación Fernando Villén con el listado de trabajador­es “para que los vayan contratand­o por orden de prioridad”. Estos correos también fueron esgrimidos por la fiscal cuando ha declarado Lourdes Medina, por aquel entonces, secretaria técnica general de Trabajo.

Según Rivera “la finalidad era que el personal de Umax participar­a en los procesos de selección que había abierto Faffe siguiendo sus protocolos” ya que llevaban “cinco o seis años” trabajando en la Junta y su despido provocaba “un conflicto latente” y el riesgo de que lo “pudieran judicializ­ar buscando consolidar su puesto en la administra­ción”.

 ?? JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE ?? Los seis acusados en el juicio por los contratos de Umax, en la sala de la Audiencia de Sevilla.
JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE Los seis acusados en el juicio por los contratos de Umax, en la sala de la Audiencia de Sevilla.

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