Márquez y Rivera no sabían de la existencia del contrato de Umax
● Los trabajadores de la empresa de los “contratos fantasma” eran el 25% de la plantilla de la Dirección General de Trabajo
Tanto Juan Márquez como Daniel Alberto Rivera, los dos directores de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero, declararon ayer ante el Tribunal que juzga el caso de los “contratos fantasmas” de Umax que, desde su puesto en la Consejería de Empleo, no tenían competencias para realizar contratos. En concreto, Juan Márquez aseguró que, hasta el inicio del proceso judicial, “no había mantenido ningún encuentro con Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax. Ha sido a través de la documental cuando he visto una carpeta en la que, supuestamente, se guarda información de un encuentro mantenido entre los dos. Soy una persona que suele tomar nota en las pastas interiores de las carpetas de cada reunión, y en esa no hay nada”, explicó.
Márquez, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía de 2008 a 2011 declaró que no tenía competencia para contratar y que acudir a trabajadores externos en momentos puntuales de mucho trabajo “es un procedimiento habitual en todas las consejerías”. Márquez, que durante su testimonio ante el Tribunal afirmó en más de una ocasión que “no sabía por qué estaba aquí”, insistió en que no conocía a Ulpiano Cuadrado. A preguntas de la fiscal sobre la contratación a través de Umax de un sobrino de su esposa, Márquez afirmó no recordar ninguna reunión al respecto ni dar ninguna instrucción acerca de la contratación de esta persona.
Sobre el traspaso del cargo con su antecesor, Javier Guerrero, Márquez lo ha definido como “educada y cortés”. A preguntas de la defensa de Guerrero, respondió que no le comentó nada acerca de continuar con ningún contrato. “Hablamos de lo urgente: solucionar algunos conflictos y el tema de los pagos de ayudas sociolaborales a empresas”. El abogado del antecesor de Márquez también le preguntó sobre la posibilidad de un director General de Trabajo para adjudicar contratos a alguna empresa, dijo que “era imposible por los procedimientos”.
Por otro lado, Daniel Alberto Rivera, que sucedió a Márquez en el cargo, cifró en un 25% el personal de su departamento perteneciente a Umax que desempeñaba trabajos de “asistencia administrativa” a los funcionarios y el personal laboral de la Dirección General de Trabajo. Rivera, a preguntas de la fiscal, señaló que al poco de llegar al cargo, en abril del 2010, el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, tuvo una primera reunión donde le reclamó una deuda de 1,5 millones porque llevaba sin cobrar desde el 2007 los servicios que sus trabajadores prestaban en la Consejería de Empleo, algo que entonces le “resulta un poco increíble” y decide, según explica, poner en marcha una investigación al respecto.
Al no hallar documentación de contratación con Umax ni facturas, se lo comunicó al entonces viceconsejero, Justo Mañas, quien ordenó que, ante la duda, los despidiera porque “al día siguiente” ya no podían acudir a la Dirección de Trabajo, lo que “creaba un problema de carga de trabajo” ya que suponían “un 25%” del personal de este área, “de 50 trabajadores, unos 12 ó 14 eran de Umax”.
Cuando fueron despedidos la mayoría pasó a la Faffe y tras la extinción de ésta fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, sin pasar por ninguno de los procesos de selección legalmente establecidos para acceder a la administración. Aunque, según explicaron, los despedidos de la Dirección General de Empleo sí pasaron por un proceso de selección para entrar en la Faffe.
La fiscal también preguntó a Rivera por los compromisos que varios trabajadores de Umax han declarado en la instrucción que éste contrajo con ellos de que los contrataría Faffe, como así ocurrió, y unos correos suyos al entonces director de la fundación Fernando Villén con el listado de trabajadores “para que los vayan contratando por orden de prioridad”. Estos correos también fueron esgrimidos por la fiscal cuando ha declarado Lourdes Medina, por aquel entonces, secretaria técnica general de Trabajo.
Según Rivera “la finalidad era que el personal de Umax participara en los procesos de selección que había abierto Faffe siguiendo sus protocolos” ya que llevaban “cinco o seis años” trabajando en la Junta y su despido provocaba “un conflicto latente” y el riesgo de que lo “pudieran judicializar buscando consolidar su puesto en la administración”.