Rofa aporta dos facturas de Umax en el juicio de los “contratos fantasmas”
Según la testigo se trataba del pago por una “asistencia técnica instrumental a través de la Faffe”
La ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía María José Rofa aportó ayer una nueva prueba docunental al juicio por los contratos fantasma de la empresa Umax. Durante su declaración como testigo de la acusación particular, Rofa explicó cómo tuvo conocimiento del impago a Umax cuando, según ella, el responsable de relaciones institucionales de La Caixa le comentó por correo electrónico la existencia de dos facturas endosadas a nombre de la empresa que aparecian como impagadas. En estos correos, que finalmente se han incluido en en la cuarta jornada del juicio, se indica la existencia de dos facturas. Una de ellas por un importe de 1.106.976,02 euros y otra por 281.563,36 euros.
Tanto la fiscal como la acusación particular solicitaron incorporar los correos a las pruebas documentales, algo a lo que se negaron las defensas del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado. La defensa del ex director de Trabajo alegó “indefensión” y que no entendía cómo se puede esperar al cuarto día del juicio para aportar esos documentos. Por su parte, el letrado de Cuadrado expuso que esta prueba “debía ser admitida en otro momento”. Por otro lado, el abogado defensor de Aguado explicó que la credibilidad de la prueba “es difícil de verificar”.
Se da la circunstancia de que María José Rofa ha pasado de imputada a testigo, algo que señaló uno de los abogados defensores. Según la ex asesora, ella y “Rocío Sayago somos las cabezas de turco; cada vez que hay una causa relacionada con los ERE, la Junta nos imputa”.
Los testigos propuestos por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía son antiguos trabajadores de Umax salvo Rofa. Todos señalaron que, una vez terminado el contrato con Umax, pasaron a la Faffe. La primera de las testigos, Rocío Sayago, que fue secretaria adjunta a la Dirección General de Trabajo, explicó que Ulpiano Cuadrado acudía a las dependencias de la Dirección General dos o tres veces al mes y despachaba habitualmente con Guerrero. La testigo reconoció que conocía a Javier Guerrero de El Pedroso, de donde había sido alcalde y trabajó en esta Dirección General hasta que le comunicaron que la Junta había dejado de pagar a Ulpiano Cuadrado y no podía seguir en su puesto de trabajo. Según Sayago, el entonces director general de Trabajo, Daniel Rivera, “nos dio la posibilidad de pasar a la Faffe”.
Lo que ninguno de los testigos tenía muy claro es a qué se dedicaba la empresa a través de la cual estaban contratados. Sólo uno de ellos explicó que eran temas de informática. Una rama de la que ninguno de ellos tenían conocimientos específicos, sino más bien de nivel usuario, según reconocieron durante sus testimonios. Entre los testigos se encontraba el sobrino de la esposa de Juan Márquez, ex director General de Trabajo que sucedió a Javier Guerrero y que declaró que la firma del contrato con Umax fue en un bar cercano a la Dirección General, aunque no supo precisar dónde entregó el curriculum para conseguir el trabajo. Este testigo trabajó de marzo de 2009 a mayo de 2010. Asimismo explicó que cobraba unos 1.200 euros por realizar funciones básicas de administrativo “como enviar faxes o hacer fotocopias”.
La fiscal, que preguntó por los conceptos de sus nóminas, expuso que había bonificaciones y dietas por viajes cuando sus puestos no implicaban desplazamientos. Los cinco testigos que eran antiguos trabajadores de Umax explicaron que habáin mandado los currículum porque a petición de Guerrero “pero no por ello aseguraba que nos cogerían”, dijo una de ellas.
Uno de los testigos dijo que cobraba 1.200 euros por enviar faxes o hacer fotocopias