Oriol Pujol ingresa en prisión
El hijo del ex presidente de la Generalitat debe cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por el caso de las ITV
El ex diputado de CiU Oriol Pujol ingresó ayer en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para cumplir la pena de dos años y medio a la que fue condenado por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
Según informaron a Efe fuentes de la Secretaria de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat, Oriol Pujol ingresó a las 16:00 en Brians 2, después de no recurrir el auto del pasado 8 de enero en el que una juez de la Audiencia de Barcelona le dio diez días para entrar en prisión.
El hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol acordó en julio pasado con la Fiscalía Anticorrupción una condena de dos años y medio de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental por el caso ITV, si bien el pasado 10 de diciembre solicitó que se le sustituyera el ingreso en prisión por trabajos en beneficio a la comunidad.
Oriol Pujol, ex secretario general de CDC y ex presidente del grupo parlamentario de CiU, alegó en una vista ante la juez que ya había pagado una “pena natural” porque el caso ITV implicó la “destrucción” de su carrera política y profesional y advirtió de que su ingreso en prisión perjudicaría “gravemente” a su entorno familiar y a su arraigo laboral y social.
Sin embargo, la magistrada de la sección 20 de la Audiencia, encargada de resolver la ejecución de condena, desestimó el pasado 8 de enero los argumentos de Oriol Pujol y le dio diez días para ingresar voluntariamente en prisión, si bien su resolución se podía recurrir, lo que habría paralizado el proceso.
En su auto, que finalmente la defensa no ha recurrido, la juez descartó conmutar la cárcel por trabajos sociales en beneficio de la comunidad al concluir que Pujol debía ingresar en prisión por este caso de corrupción para restablecer así “la confianza del ciudadano” y porque una suspensión de penas equivaldría a una “minimización” de “actos delictivos graves”.