¿QUIÉN DIRIGE LA NAVE EN EL REINO UNIDO?
UNA vez que la Cámara de los Comunes ha prendido fuego al acuerdo Brexit, tendremos que esperar a que el humo se despeje para seguir con detenimiento las decisiones de la primera ministra y del Parlamento británico. La pregunta política clásica e inevitable es quién debería dirigir la nave del Estado en última instancia. ¿Quién está en una mejor posición para alcanzar el bienestar del Reino Unido: el Gobierno, el Parlamento, o los ciudadanos? Se trata exactamente del mismo dilema que torturó a Gran Bretaña en las Guerras Civiles del siglo diecisiete, provocando una situación de incertidumbre que acompañó al lento nacimiento de su democracia durante los XVIII, XIX y XX, y que aún causa estragos en nuestra era de internet.
El conflicto actual gira en torno a la forma en que la democracia representativa se articula en el Reino Unido. La decisión de dejar la Unión Europea se tomó por un estrecho margen en el referéndum de 2016, y no se debe olvidar que este instrumento tiene únicamente naturaleza consultiva. De hecho, es de sobra conocido que el Parlamento puede tomar cualquier decisión que desee y que no es responsable frente a otros órganos. En ocasiones, tal modelo se presenta como un método para otorgar el poder a los ciudadanos, ya que la democracia directa no sería práctica en un país de sesenta y seis millones de habitantes. Pero dicha interpretación no cuadra con el concepto británico de democracia representativa. A diferencia de España y de otros ordenamientos, sus electores no votan por un partido político, y los miembros del Parlamento se eligen como individuos, aun cuando en la mayor parte de las ocasiones hayan sido nombrados por un partido.
Asimismo, el pensamiento político inglés ha considerado tradicionalmente que los parlamentarios se deben en mayor medida a su conciencia, y a lo que es correcto a tenor de sus creencias personales. De conformidad con esta escuela, representada elocuentemente por Edmund Burke, en los momentos decisivos, cuando hay un conflicto entre la lealtad a un partido y la propia conciencia, o entre ésta y los deseos de los electores, debe darse prioridad a la conciencia.
En la sociedad contemporánea esto puede parecer anacrónico, elitista y paternalista, pero es la situación en la que actualmente se encuentran nuestros parlamentarios. Por un lado, muchos miembros del Partido Conservador tienen un conf licto entre los objetivos de su propio partido y su visión del acuerdo. Por otro, hay representantes en todos los partidos que consideran que se produce una contradicción entre el deseo de sus votantes de salir de la UE y su creencia individual de que ello sería contrario al interés nacional. Siguiendo a Burke, han votado con su conciencia, y de esta forma, tanto apasionados remainers como brexiteers han concluido que no podían aceptar este acuerdo.
A qué lugar nos dirigimos es incierto. El miércoles pasado el Gobierno de May sobrevivió, si bien por estrecho margen, un vote of no confidence, instigada por el Partido Laborista. Además, tras haber salido victoriosa de un desafío a su liderazgo el pasado diciembre, las reglas del Partido Conservador protegen a May de escenarios similares durante un año, así que salvo que decida dimitir o convocar unas elecciones por propia voluntad, su Gobierno permanecerá. En respuesta al resultado catastrófico de la votación del martes, May se ha reunido con representantes de diferentes fuerzas políticas en Westminster, pero el laborista Corbyn ha rechazado dicha oferta hasta que May se comprometa a descartar de manera contundente la posibilidad de abandonar la Unión sin acuerdo. Aun cuando la negativa de los laboristas no impediría necesariamente una propuesta con los demás grupos, mayor obstáculo incluso a este consenso es la desgarradora división del país en dos bandos definidos: brexiteers y remainers. ¿Qué solución mágica puede cautivar tanto a Brexiteers como a Remainers?
Aproximándose el 29 de marzo a toda velocidad, teóricamente, el Reino Unido podría revocar el artículo 50 unilateralmente, pero ello sería inaceptable para brexiteers y podría propiciar el crecimiento de la ultraderecha. Quizás una manera de evitarlo sería convocar un segundo referéndum, y de hecho la UE ha indicado que estarían preparados a “parar el reloj” para que tal votación tuviese lugar. Sin embargo, el resultado no se puede predecir, y si la ciudadanía optase mayoritariamente por Brexit una vez más, dejar la Unión sin acuerdo sería prácticamente inevitable. May lo descarta, porque en las últimas elecciones el 80% de los ciudadanos votaron por partidos que prometían llevar a la práctica el resultado de junio del 2016.
Hay una percepción cada vez más clara de que la nave del RU se encamina hacia un auténtico pozo sin fondo, mientras que todos los que están en cubierta discuten sobre quién debe llevar el timón. El Parlamento se ha enfrentado en todos estos meses a un auténtico dilema: respetar la decisión del pueblo, a pesar de que la mayoría de los miembros del poder legislativo entienden que sería desastroso. Tal disyuntiva sería una pesadilla en cualquier modelo, pero la naturaleza de la Constitución británica aprieta aún más el nudo gordiano. Queda por descubrir si será el Parlamento, el Gobierno o la ciudadanía la fuerza que finalmente lo corte.