La Junta estudia acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado

Conscientes de que no será tarea fácil, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En la sentencia, el juez

Juan Antonio Calle Peña cifra en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, para atender las ayudas, mediante “el mecanismo inadecuado” de las transferencias de financiación, desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, sumando las cantidades consignadas originariamente y los incrementos derivados de modificaciones presupuestarias.

El jefe del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, dijo en una entrevista en la Cadena Ser que ya ha dado instrucciones al gabinete jurídico para que se haga todo lo que se pueda hacer para recuperar el dinero a pesar de todas las dificultades, pues han pasado muchos años y algunas empresas ya han desaparecido y otras han modificado su situación mercantil y jurídica. No obstante, Moreno insistió en que el objetivo es “mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero”.

Entretanto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también se refirió a esta cuestión y en una entrevista a RNE culpó a la secretaria general del PSOE-A y ex presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, de retirar a la Junta de esta pieza separada de los dos ex presidentes Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, condenado el primero a nueve años de inhabilitación especial y el segundo a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación, “de tal forma que no tuvieron que presentar fianzas, por lo que no podemos recuperar nada de este dinero por la vía penal”.