El juez se reafirma en enviar a prisión por terrorismo a cuatro CDR
● García Castellón repite las vistas, como le ordenó la Audiencia Nacional ● Imputan al menos a 12 periodistas por filtrar el sumario
El juez volvió a decretar ayer prisión preventiva para los cuatro presuntos miembros de una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) después de que la Audiencia Nacional ordenase repetir las vistas porque no se les proporcionó información esencial para su defensa.
“A través de la información obtenida por la investigación, se puede constatar la existencia de una organización delictiva con fines terroristas”, dice Manuel García Castellón en uno de los autos en lo que se reafirma en su decisión inicial de dictar prisión para los cuatro investigados por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos.
Lo ha hecho tras celebrar ayer las correspondientes vistillas de prisión para Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina, a quienes investiga, junto a otras personas, por pertenecer presuntamente a los denominados Equipos de Respuesta Táctica, una facción “radical” y “clandestina” de los CDR, y planear supuestamente actos de sabotaje con explosivos como respuesta a la sentencia del procés.
El juez reitera que existía “un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña” el día D, “encomendado” por un grupo
“secreto” llamado CNI catalán. Según declaró uno de ellos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, “estaba de acuerdo”.
También hace referencia García Castellón a la planificación de uno de los investigados de “una reunión secreta in itiniere” con la hermana del ex president Carles Puigdemont, “con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras” entre el líder independentista huido de la Justicia y Torra.
Según el juez, las investigaciones “aportan indicios racionales claros” de que las acciones llevadas a cabo por los investigados pretendían, dentro de “la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo”, lograr la “República Catalana”, también por vías violentas.
Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado al menos una docena de periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los CDR.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió remitir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la solicitud de las defensas de 7 miembros de los CDR, en prisión por terrorismo, de que se investigara la “filtración masiva” sobre la causa contra ellos a pesar de que estaba bajo secreto de sumario.
Según la Fiscalía, esos hechos deberían ser considerados como una denuncia por revelación de secretos.