La Junta ha recuperado ya 87 millones de las ayudas de los ERE
● Los servicios jurídicos han planteado demandas en el Tribunal de Cuentas para que se devuelvan 118 millones ● La revisión de los expedientes arrojó un fraude de 154 millones
Susana Díaz habla dos días después Considera lo ocurrido “lamentable y bochornoso” y dice que seguirá en su puesto
La recuperación de los 680 millones de euros que, según la sentencia de la denominada “pieza política” de los ERE, han sido malversados por los ex altos cargos de la Junta condenados representa un nuevo embrollo jurídico que convierte el reintegro de la totalidad de la cuantía en una misión prácticamente imposible de completar.
Hasta ahora la Administración autonómica, según datos conocidos por este periódico, ha logrado sentencias que condenan a reintegrar más de 87 millones de euros de la ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidos durante una década a través del programa 31L, conocido como el fondo de reptiles. Estas sentencias se han producido gracias a las demandas que la Junta de Andalucía ha ido presentando tanto en el Tribunal de Cuentas, donde se ha declarado la responsabilidad contable de varios ex altos cargos, sobre todo los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, así como a los administradores de algunas de las empresas que recibieron esos fondos. En el Tribunal de Cuentas se han ganado sentencias por importe de más de 17 millones, aunque los servicios jurídicos han planteado demandas que superan los 118 millones.
El dinero recuperado teóricamente también procede de las sentencias ganadas en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, vía a través de la cual también se ha solicitado el reintegro de parte de las subvenciones y se han dictado sentencias a favor de la Junta por otros 70 millones, por lo que la cantidad lograda al menos en las sentencias de ambas jurisdicciones supera por ahora los 87 millones. Sin embargo, la recuperación de ese dinero establecido en las sentencias depende de la solvencia de los ex altos cargos y empresas condenados, y por ejemplo hay algunos como Javier Guerrero, que en julio pasado fue condenado a devolver 3,8 millones por las ayudas concedidas a A Novo Comlink, que tienen sus bienes totalmente embargados y no tienen recursos suficientes para devolver esas cantidades.
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el procedimiento específico de los ERE concluía que como las ayudas se concedieron “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, la malversación del caso de los ERE afecta a la totalidad de las ayudas otorgadas en el periodo 2000-2009, es decir, el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L: 679.432.179,09 euros.
Los magistrados concluyen en el fallo que las consecuencias económicas para los fondos públicos por el fraude de los ERE fueron “claras e importantes”, y recuerdan que la Administración ha fijado en 233 expedientes la tramitación de la revisión de oficio por importe 128.887.677,43 euros, pagados por el IFA/IDEA a empresas y entidades. El tribunal destaca asimismo, como “significado y relevancia de las consecuencias buscadas y consentidas” con el sistema fraudulento la imposibilidad de incoar siquiera expedientes de revisión por otros 25.720.328,39 euros, en relación con una serie de pagos en los que “por desconocer la denominación de la entidad beneficiaria y ante la carencia de documentación al respecto en los archivos de la Dirección General de Relaciones Laborales”.
Es decir, sumados los expedientes de revisión de oficio y los que no se han podido iniciar, darían la cifra del fraude total estimado por la Junta, que es la administración perjudicada por el delito, y que alcanzaría los 154.608.005,82 euros, pero en cualquier caso el tribunal da por malversada la cuantía global de los casi 680 millones.
La Audiencia ha condenado por el delito de malversación de caudales públicos a diez de los 21 ex altos cargos enjuiciados, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, pero como la Junta, en la época en que Susana Díaz era presidenta, se reservó expresamente el ejercicio de las acciones civiles en esta pieza separada, el dinero no podrá ser reclama
do a estos ex altos cargos ahora condenados hasta que haya una sentencia firme, una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación, algo que podría alargar el proceso otros dos años.
Sería con una sentencia firme cuando se podría acudir a la vía civil para reclamar ese dinero que, por otra parte, la Junta también reclama en la vía penal en las otras 150 piezas separadas del caso que todavía siguen en instrucción.
Y la recuperación del dinero dependerá, nuevamente, de la solvencia económica de los condenados, pero se trata de una cifra tan astronómica que la devolución se antoja utópica. Además, la condena a devolver dinero en la vía penal obligaría a hacer un ejercicio de “descuento” de las cantidades que, por ejemplo, hubiesen ya sido recuperadas por la Administración ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales de lo Contencioso-administrativo, para evitar un supuesto “enriquecimiento injusto” de la Administración.
La gran paradoja de esta cuestión es que hasta ahora, y nadie lo va a hacer, se ha reclamado el reintegro del dinero a los más de 6.000 prejubilados que se beneficiaron de esas ayudas, un embrollo jurídico que mete a la Administración autonómica en un círculo vicioso perverso, puesto que estaría reclamando la devolución del dinero a los responsables de su concesión “ilegal” pero no a los trabajadores que, según la tesis de la sentencia, se habrían beneficiado de esas ayudas concedidas mediante un procedimiento ilegal. Ni el anterior Gobierno de la Junta, presidido por Susana Díaz, ni el actual del
cambio de Juanma Moreno parecen estar dispuestos a reclamar la devolución a los ex trabajadores, porque eso volvería a generar importantes conf lictos sociales como los que en su día impulsaron el sistema para estas ayudas.
La cuestión sobre por qué no han sido llamados como “cooperadores necesarios” o como mínimo “partícipes a título lucrativo” del delito los beneficiarios de las subvenciones fue planteada por la defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, pero lo rechaza porque entiende que “no es cierto que la inmensa mayoría de las ayudas estén perfectamente justificadas” y porque la “consumación del delito no requiere identificar a cada uno de los perceptores”, y así cita una sentencia del Supremo de 2003 que señala que la acción de malversar se consuma de manera “instantánea” cuando “se realiza el acto de la disposición de los fondos públicos para una determinada operación”.
El tribunal rechaza la alegación de por qué no se llamó al proceso a los 6.000 beneficiarios