El Ayuntamiento gastó 40,11 euros por habitante en servicios sociales en 2018
El desembolso en ese concepto se redujo de 2017 (42,81 euros) al año siguiente El informe de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera “pobre” la inversión en asistencia social
El Ayuntamiento de San Fernando solo destinó 40,11 euros por habitantes a la inversión en servicios sociales en 2018, lo que lo sitúa entre las 38 administraciones locales de municipios de más de 20.000 habitantes que menos gastan en asistencia social.
El informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales vuelve a advertir del escaso desembolso que realizada el Consistorio de San Fernando en materia social con sus ciudadanos. De hecho, la calificación para La Isla empeora, pues en 2017 la inversión fue algo superior (42,81 euros), pero además se aleja del valor medio que utiliza la entidad para contextualizar los datos cada año. De las tres categorías existentes –excelencia, en precario y pobre– La Isla pasa del segundo grupo al tercero. Esto significa que ha pasado de gastar una cifra intermedia entre los 50 euros –que se consideran insuficientes pero sirve de referencia– y 42,71 euros –el 60% de la mediana de gastos de 2018– a hacerlo por debajo de ese dato. De 42,81 euros invertidos en asistencia social en 2017 se baja a 40,11 euros, una cuantía que además es inferior a la que se destinó en el mismo concepto en 2016, cuando fue de 41,40 euros.
Frente a las 404 localidades analizadas en el informe de 2017, los profesionales han podido incluir en su estudio a 385 ayuntamientos, de los que el Ministerio de Hacienda tenía disponible sus presupuestos liquidados, que son los datos que maneja la entidad para elaborar estos ranking. En estos listados constan hasta 100 consistorios, quedando fuera los que su gasto en servicios sociales oscila entre 50 y 100 euros. Como excelentes se califica a 28 ayuntamientos, porque superan esos 100 euros. En precario sitúan Directoras y Gerentes a 34 municipios. En ese grupo se incluía en 2017 a San Fernando, que al empeorar sus datos entra un año después en el grupo de ayuntamientos pobres en servicios sociales, que en total son 38.
Podemos se hacía eco ayer del informe y calificaba de “lamentable” que San Fernando esté entre los 38 ayuntamientos más “pobres” de la clasificación. La concejala Ana Rojas recordaba la situación social de San Fernando: una ciudad con 10.751 personas desempleadas –casi el 27%-, con trabajo inestable y precario y en la que sigue habiendo desahucios. Por eso, consideraba que “no es concebible” que el Ayuntamiento deje de lado la asistencia social. Esta “inversión austera” que ha llevado a cabo el gobierno municipal en 2018 “se agrava con la falta de información para acceder a ciertas ayudas”, advertía. “Hay personas que no saben a qué tipo de asistencia pueden optar. Y luego están las trabas burocráticas que hay, que convierte el proceso en una carrera de obstáculos”, se quejaba.
Como ejemplo la edil de Podemos exponía que nada se sabe de la moción aprobada en el anterior mandato para hacer campañas de información más efectivas, “aunque las ayudas sean tan escasas que tienen que ponerle la cara colorada al PSOE en este tipo de estudios”, ironizaba. Por eso, abogó por analizar profundizar la realidad de los servicios municipales para trabajar en que las ayudas de emergencia sean efectivas y más accesibles.
La formación morada compara la inversión isleña de 40,11 euros con el gasto social del Ayuntamiento de Cádiz de 140,56 euros, “cien euros más por persona”, lo
La calificación de La Isla empeora al reducir el gasto y alejarse más del valor de referencia
que lo sitúa en la categoría de “excelencia”. En ese caso incluso la media de gasto por habitante en servicios sociales se incrementó de un año a otro (en 2017 fueron 131,93 euros). “Tal vez el PSOE debería mirar más hacia las políticas de izquierdas en vez de cerrarse a la derecha con sus socios de gobierno”, señaló Ana Rojas. De la provincia, solo el Ayuntamiento de Los Barrios se encuentra entre las administraciones que menos dinero destinan a servicios sociales.