Los abogados de los absueltos resaltan lo “disparatado” e “infundado” de la acusación

La defensa de Francisco del Río cree que el “padre jurídico” de la norma de la Junta recibió un “trato inmerecido”

Los abogados de los dos ex altos cargos absueltos en la sentencia de los ERE –el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex jefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río– resaltaron lo “disparatado” de la acusación contra ellos y el daño moral que les causó estar tantos años investigados y con su honorabilidad cuestionada.

El abogado José Rebollo tiene la doble satisfacción de haber defendido a dos de los tres absueltos en esta fase: Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda exculpado a mitad del juicio, y Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta absuelto en la sentencia.

“Lo reconozco, estoy contentísimo”, afirmó a este periódico, y explicó que “cuando defiendes a alguien que es culpable, te puede salir mejor o peor y que la condena sea mayor o menor. Pero lo que causa más angustia a un abogado es defender a un inocente que puede acabar condenado”.

Respecto al ex interventor general de la Junta, Rebollo mantuvo que fue una especie de mantra al que todos culparon durante el juicio como la persona que debía saberlo todo, y “eso es incierto y disparatado”.

“Desviar la atención es una estrategia legítima de defensa, pero hemos conseguido sacar adelante la tesis de que la actuación del interventor siempre es reglada. Si se sale de esos límites es cuando incurriría en una ilicitud”, mantuvo Rebollo, y añadió que “no se puede calificar de dolosa la actitud de quien emitió 17 informes diciendo que el sistema de las ayudas no era idóneo y propiciaba la opacidadad”.

Enrique del Río, que defendió al ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río, afirmó a este periódico que la acusación contra su cliente “carecía totalmente de fundamento” y, a falta de pruebas, la Fiscalía introdujo sus argumentos para acusar “por vía de informe, cuando ya no se podían combatir”.

Añadió el abogado que “sólo ahora, con la absolución, se resarce en parte a Del Río”, y aseguró que “una acusación mantenida durante tantos años fue un trato inmerecido contra una persona de carrera profesional íntegra e intachable que fue el padre jurídico de la norma de la Junta”.

Entre los abogados cuyos clientes fueron condenados, la opinión más repetida es que la sentencia

“es durísima”, en palabras de Adolfo Cuéllar. Añadió que, aunque su cliente –el ex secretario general técnico de Empleo– tuvo la fortuna de ser condenado por prevaricación y no por malversación, “mi opinión después de un año de juicio, es que no había motivo para una condena por malversación”, sostuvo.

Muchas defensas tienen ahora puestos sus ojos en el Supremo: a juicio de Juan Carlos Alférez, “es evidente que, al ser una sentencia condenatoria masiva, será recurrida y el Supremo podrá valorar lo que los magistrados han establecido como elementos de condena y podrá ser revisada”.

Manuel Salinero, que defendió a la ex secretaria general técnica de Empleo, cree que la sentencia ha sido “excesivamente dura y debe ser revocada. Tendría que haber habido más absoluciones por malversación; la resolución sigue el relato de las acusaciones”.