LA CICUTA DEL SISTEMA
DEMOLEDORA sentencia de los ERE en Andalucía. Para los 19 condenados y, supuestamente, para el PSOE, por malversar, al menos, en nueve años, 680 millones de euros, el grueso en clientelismo político y la calderilla en fiestas, voluntades, drogas y en algún que otro puticlub. El mayor latrocinio desde la instauración de la democracia. Y en los ochenta fueron los casos Filesa, Malesa, Time Sport y los GAL. Cualquiera de ellos podía haber noqueado para siempre al partido del puño y la rosa. Y a la vista está que no ocurrió. Ni ocurrirá ahora. Y tampoco al PP, a pesar de perpetrar escándalos como Naseiro, Púnica o Gürtel, aunque una resolución judicial sobre esta última trama espoleó a socialistas, podemitas y nacionalistas para derribar al cariacontecido Mariano Rajoy con una moción de censura trufada que encumbró a Pedro Sánchez, el líder del PSOE con peor resultado electoral.
El cómputo de corruptelas políticas es sobrecogedor. Sólo desde 2002 se contabilizan más de 2.000 casos. Que se sepa. Y cuando se sabe, cuando al fin intervienen los tribunales, los aparatos de los dos grandes partidos activan sus máquinas trituradoras. En primer lugar, contra los jueces. Mercedes Alaya, primera instructora de los ERE, y su sucesora, María Ángeles Núñez Bolaños, han sufrido intolerables vilipendios, que han afectado a su vida profesional y privada. Y Baltasar Garzón, que inició la instrucción del caso Gürtel, fue condenado por prevaricación al autorizar que se grabaran las conversaciones que los acusados mantenían con sus abogados en los locutorios, una medida de desorden jurídico que las defensas utilizaron con agudeza y la magistratura superior resolvió castigando con celeridad al incisivo togado. Pero, a continuación, el juez Pablo Ruz también fue apartado de la Audiencia Nacional, tras conseguir los nutridos ordenadores de Bárcenas y comprobar que los discos duros habían sido pulverizados. Ruz estaba en comisión de servicio, pero su sospechoso relevo fue mostrado como trofeo por los despachos del partido de la calle de Génova.
PSOE y PP han sobrevivido gracias a su firme implantación, a su inf luencia en todos los poderes, y, sobre todo, por la transigencia de una sociedad que juzga con benevolencia la corrupción ejercida por sus cuadros dirigentes, en la que no han participado todos los que fueron o son, claro que no, pero que a todos incumbe por acción o por nefanda omisión. Ahí está el quid. Ahí están políticos condenados tras una larga y meritoria trayectoria de servicio, como Manuel Chaves o José Antonio Grinán, a los que los jueces tachan de culpables, aunque no cabe acusarles de robar al erario público. Y está la desfachatez con la que la sobrevenida dirigencia evacua responsabilidades, como Pedro Sánchez y su escudero José Luis Ábalos, para quienes el caso de los ERE “no es un asunto del Partido Socialista, sino de antiguos responsables de la Junta de Andalucía”.
El sentido moral es determinante. En todo. Y los hechos demuestran que en política se reduce a dosis aisladas que resultan inapreciables. La corrupción es la cicuta del sistema.
Sólo desde 2002 se contabilizan más de 2.000 casos de corrupción. Que se sepa