Junta y Gobierno negocian las cuarentenas de los migrantes en contacto con positivos

Las competencias en materia de migraciones son potestad del Gobierno central, salvo si se trata de menores, cuando pasan a ser de la Junta de Andalucía. Con la pandemia, la situación se complica, ya que las normativas estatal y autonómica son contradictorias sobre los pasos a seguir con los inmigrantes que entran en España de forma irregular. El principal motivo de discordia es quién se encarga de los extranjeros que deben guardar cuarentena siempre que “no se requiera la intervención o derivación urgente a un centro asistencial del SAS”.

Segun una resolución publicada el pasado cuatro de julio por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta, en esos casos es el Gobierno central quien debe “garantizar el aislamiento” de estas personas mientras se reciben los resultados de las PCR, que, en teoría, sólo se hacen a los inmigrantes con sospecha de infección por coronavirus. Dicha norma también establece que será la Administración central quien se encargue de las cuarentenas de aquellos inmigrantes que den positivo, pero no necesiten hospitalización.

Esta resolución entra en conf licto con un protocolo aprobado por la Secretaría de Estado de Migraciones el pasado sábado, 25 de julio, pero que todavía no ha entrado en vigor. El texto estatal apunta en sentido contrario al autonómico y responsabiliza a la autoridad sanitaria de la comunidad, es decir, a la Consejería de Salud, de la gestión de las cuarentenas de los inmigrantes que han estado en contacto con un positivo.

Esta situación es justo la que están negociando ambas administraciones, que apuestan por una solución intermedia con “centros de gestión compartida”, esto es, equipamientos propiedad de la Junta pero controlados por el Gobierno y las fuerzas de seguridad.