Ruiz y Maeztu abordan la adaptación de la renta mínima al ingreso estatal
● Ambos coinciden en la necesidad de utilizar la prestación autonómica para complementar el IMV
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, se reunió ayer con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para trasladarle los avances en la redacción de las modificaciones del Decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno. En su encuentro, Maeztu abogó por que la prestación autonómica sirva para atender a los colectivos excluidos de la ayuda estatal como los menores de 23 años, entre los que se encuentran los jóvenes ex tutelados por la Junta, y los mayores de 65 años sin derecho a otra prestación.
Ruiz coincidió con Maeztu en la necesidad de modificar la norma para hacerla compatible y que cumpla con su objetivo de “ayudar a las familias más vulnerables”. La consejera de Igualdad explicó el trabajo que realizan tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, la lucha contra la pobreza infantil, “fomentando la partentalidad positiva y los programas de intervención en las familias”. También se centran en la inserción social y laboral, “ya que cualquier renta o ayuda debe estar asociada a tener un empleo y un proyecto de vida”. El tercero coincide con la propuesta del Defensor sobre los jóvenes ex tutelados, “a los que hay que atender, sobre todo en Andalucía cuando tenemos un importante flujo de menores extranjeros no acompañados que, cuando cumplen la mayoría de edad, seguimos atendiendo”.
Ruiz agradeció la disposición de Maeztu al diálogo y e insistió en que en “en estos momentos es fundamental estar unidos para hacer frente a la crisis social derivada de la pandemia sanitaria”. Ambos se mostraron de acuerdo en que el coronavirus ha incrementado “la vulnerabilidad económica y social en gran parte de las familias andaluzas” y en la necesidad de articular medidas de manera conjunta para garantizar la atención de todos los colectivos.
Además de la cobertura de colectivos excluidos de la protección del Ingreso Mínimo Vital, Maeztu comparte con la consejera de Igualdad que la Renta Mínima
puede encuadrarse en la lucha contra la pobreza infantil, la inserción social y laboral y la inclusión de todos los colectivos vulnerables. El Defensor del Pueblo andaluz reiteró las recomendaciones incluidas en la resolución dirigida recientemente a la Consejería sobre la conclusión de todos los procedimientos de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía incursos en mora, priorizando sin dilación los que datan de los años 2018 y 2019.
Maeztu reclamó también concreción de las normas de derecho transitorio tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital y la necesidad de instrumentos eficaces para la difusión, comunicación o notificación, que permitan a la población en general y a los peticionarios de Renta Mínima, en particular, quedar amparados por alguna de ambas prestaciones. En la reunión, Maeztu apostó también por abrir un debate conjunto sobre el modelo de residencias de mayores, a la luz de la experiencia que ha arrojado la pandemia.
Rocío Ruiz Consejera de Igualdad
Cualquier ayuda debe estar asociada a tener un empleo y un proyecto de vida”