PACTO DEL AGUA Y PLANES HIDROLÓGICOS
EL Pacto del Agua que está promoviendo la Junta de Andalucía propone “consensuar objetivos realistas”. Pero ¿cómo se puede consensuar estos objetivos sin incluir a todo el territorio andaluz en ese proceso? Tras el fracaso del intento de transferir el Guadalquivir a la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía no puede abrir un proceso como el que pretende sin establecer previamente las bases de diálogo con la Administración central, competente sobre la cuenca del Guadalquivir, que cubre dos terceras parte del territorio andaluz.
Los Planes hidrológicos de todas las cuencas andaluzas (Guadalquivir, Tinto-OdielPiedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas) son el auténtico marco dónde tomar las grandes decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones económicas concretas y desarrollar los procesos eficaces de participación pública. Es inevitable que, pese a la buena actitud de la Dirección general de planificación de recursos hídricos, que valoramos positivamente, el pacto, al absorber energías y desviar recursos, debilite los trabajos preparatorios del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027). Los Esquemas de Temas Importantes de las demarcaciones andaluzas están en información pública y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua son fundamentales para garantizar el “control social” de los planes hidrológicos.
La experiencia de los planes anteriores muestra que la actual coordinación entre administraciones es insuficiente. La eficacia de la planificación hidrológica depende de una buena coordinación entre las administraciones del agua (estatal y autonómica) y de otros sectores fundamentales para la gestión del agua, como la ordenación del territorio, agricultura, industria, sanidad, costas etc., que, en su mayor parte, corresponden a la Comunidad Autónoma. Es imprescindible revisar los procedimientos de cooperación entre administraciones reforzando la coordinación y el trabajo técnico conjunto. También hay que mejorar la coordinación entre diversos instrumentos de planificación, muy especialmente entre los planes de gestión de cuenca y los de gestión de riesgos de inundación y sequía.
La participación pública ideada para desarrollar el Pacto es un procedimiento inadecuado para resolver los problemas del agua de Andalucía. Para la realización de las consultas sectoriales previstas se ha escogido un momento desafortunado porque coincide con la consulta pública y reglada de la Planificación Hidrológica, a la que tampoco se le presta la suficiente atención, y ello produce un efecto de cortocircuito de la planificación hidrológica, que es la única jurídicamente vinculante.
La política del agua debe asumir y hacer prevaler el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley andaluza de cambio climático y transición hacia un nuevo modelo energético. Sin embargo, hasta ahora no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica.
Los firmantes de este artículo, y todas las organizaciones de la Mesa Social del Agua a la que pertenecemos, vemos con mucha preocupación la erosión del carácter público fundamental del agua. No solo del dominio público hidráulico, que sigue siendo invadido (cauces) y apropiado (tomas ilegales), sino de las gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbano e incluso de los sistemas de regadío. La experiencia demuestra que el modelo privatizador, a veces apoyado por desleales gerentes de lo público, redunda en una falta de control social del recurso y en un encarecimiento de los servicios.
Un tema difícil pero clave y urgente es redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional. Esta reorientación requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería eco-integrada y de baja huella hídrica, así como la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral.
La política del agua es una parte de la política del clima, tanto en su dimensión de adaptación a un clima alterado, como en su contribución a evitar el agravamiento de su desestabilización. La situación de deterioro de los ecosistemas y los recursos hídricos y la urgencia en la adaptación al cambio climático exigen abordar el reto de la transición hidrológica. El escenario de grave preocupación que ha señalado el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático para 2030, con previsiones especialmente alarmantes para nuestro ámbito geográfico, no admite dilaciones.