Malestar en los interinos por las convocatorias exprés de la Junta
Bendodo insiste en la legalidad de los procedimientos de las ofertas de personal en el contexto de la emergencia sanitaria
Un grupo de interinos andaluces están presentando escritos, reclamaciones y quejas al Defensor del Pueblo por una sucesión de ofertas de plazas “exprés” de empleo público convocadas por el Gobierno andaluz en los últimos meses, “saltándose a la torera” el reglamento de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía recogido en el Decreto 2/2002. Los sindicatos y los partidos de la oposición en el Parlamento han anunciado también denuncias a la Justicia y a la Cámara de Cuentas, en tanto que el Gobierno de la Junta insiste en defender la legalidad de los procedimientos de las ofertas de empleo para la cobertura de plazas de funcionarios.
La principal colisión entre las partes deriva de que la Junta de Andalucía sostiene que recurre a ese tipo de convocatorias exprés debido a que las plazas de empleo público objeto de controversia no pueden ser cubiertas por el personal de las bolsas. Esta circunstancia sucede, afirman los interinos, a causa de que las bolsas no se están actualizando. Así ha sucedido en la convocatoria que ha generado la última controversia, la de la selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al cuerpo superior de administradores (A1.1100) de 131 plazas. “Es falso que las bolsas estén agotadas”, afirman los interinos.
El grupo de interinos afectados por la situación hace alusión a la ley. La legislación vigente, sostienen, contempla que, para formar parte del personal de la Junta hay que integrar “alguno de los colectivos de las bolsas”, en las que se tienen en cuenta méritos como exámenes aprobados o la experiencia acumulada. Si una plaza no puede cubrirse mediante ese procedimiento, puede solicitarse y cubrirse a través del Servicio Andaluz de Empleo.
Desde la Junta de Andalucía defienden que la convocatoria de plazas exprés responde a un procedimiento extraordinario para puestos que no existían con anterioridad y en el marco del contexto de emergencia surgido a raíz de la pandemia de coronavirus. Un ejemplo concreto es la figura de los llamados vigilantes de las playas, una convocatoria para la contratación de 3.000 personas dentro del Plan de Empleo para Playas Seguras.
Actualmente, sin embargo, los citados procesos selectivos de empleo público están afectando a los puestos más básicos y extendidos de la administración existentes en todas las consejerías, “puestos que tienen sus bolsas de trabajo y que precisan del conocimiento del derecho administrativo como herramienta fundamental”, sostienen los interinos.
Este grupo de empleados que se encuentran actualmente sin trabajo lamentan el desamparo y explican que han acudido al departamento de Función Pública sin posibilidad de “hablar con nadie”, ya que no existe la atención presencial durante el estado de emergencia sanitaria. Además, detallan, “nadie coge los supuestos números de atención telefónica habilitados y “de poco o nada” sirve pedir cita previa para una convocatoria que anuncian unas horas antes de salir a concurso. Aún así, apostillan, “las estamos pidiendo por correo electrónico para obtener al menos una explicación”, pero no obtienen respuesta, critican.
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, volvió a negar ayer en el Parlamento cualquier “irregularidad”
en el procedimiento para la contratación por vía de urgencia de personal funcionario interino en la administración autonómica, algo que es “absolutamente necesario y legal” en las actuales circunstancias.
Bendodo se refirió a la emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia del coronavirus, garantizó que todo “es absolutamente legal, porque no hay ningún en interés en hacer las cosas mal” y defendió que se ha recurrido a este procedimiento de urgencia “por necesidad y porque la ley lo permite”, recogió Europa Press en una nota.
La polémica en torno a la convocatoria extraordinaria de plazas durante el periodo de emergencia ocasionado por el Covid-19 se elevó de grado al anunciar el portavoz parlamentario del PSOE, José
Fiscal, la presentación de una iniciativa en el Parlamento para instar a la Cámara de Cuentas a realizar una fiscalización integral de las 32 convocatorias realizadas por el Gobierno andaluz mediante el procedimiento de emergencia. Fiscal enumeró un total de 3.487 plazas convocadas bajo esa figura hasta el 29 de julio, puestos que son adjudicados “en sólo 24 horas, sin publicidad y sin tener en cuenta capacidad ni méritos, sólo por orden de llegada del correo electrónico”, citó Efe en una nota.
Pese a que Bendodo aseguró ayer que estos procedimientos han sido “puestos sobre la mesa con las organizaciones sindicales”, el sindicato CCOO ha anunciado una denuncia en el contencioso administrativo pidiendo la suspensión cautelar de estas contrataciones.
El PSOE anuncia una iniciativa para instar a la Cámara de Cuentas a fiscalizar los procesos