Abengoa sigue sin enviar a la Junta las garantías que le exige para ayudar a su rescate
La multinacional andaluza, tras demorar la decisión todo el mes de julio, debe decir hoy si logra los apoyos para evitar la quiebra
El consejo de administración de Abengoa tendrá que reanudar hoy la reunión que pospuso el pasado lunes en la que debe tomar las decisión de si ha logrado las cuatro medidas previstas en su Plan de Negocio Actualizado, que en realidad es la tercera reestructuración financiera de la compañía en un lustro.
La incertidumbre sobre si el consejo que preside Gonzalo Urquijo será capaz de salvar la situación y evitar la quiebra, dado que se encuentra en causa de disolución hace meses por un desequilibrio patrimonial de más de 388 millones de euros.
Pese a que el pasado lunes la empresa aseguró que está documentando la operación de salvamento, fuentes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía confirmaron a este diario que Abengoa no había enviado anoche la documentación que la Consejería de Hacienda, Industria y Energía le ha solicitado para tener “absoluta garantía jurídica” del éxito de la misma, porque en caso contrario, como adelantó este medio, el Gobierno andaluz no participará.
La Junta requiere documentación “fehaciente” que permita a sus servicios jurídicos acreditar los acuerdos con las entidades financieras y con el ICO. Las citadas fuentes reiteraron ayer que “sin el aval de los servicios jurídicos, el Gobierno andaluz no participará” y reconocieron que horas antes del consejo de administración ese trámite no se ha cumplimentado.
Esta situación ha hecho que la Junta se replantee cómo participa ría si finalmente recibe esas garantías. La opción de avalar a cuatro de los bancos implicados para que cada uno aumente la financiación en cinco millones, y asegurar los 20 que se le piden, tiene ahora más papeletas que un crédito directo.
“La Junta no tiene un instrumento como el ICO para prestar dinero, pero aún así tenemos voluntad de ayudar”, reiteraron desde el Ejecutivo autonómico.
Además de no tener asegurados los 250 millones que necesita, al faltar esos 20 millones en el acuerdo en el que participarían el ICO –con un préstamo de 50 millones y avales del 70% de los 180 millones que prestaría la banca– y las entidades financieras que ya son acreedoras, la agencia Efe aseguró ayer que la empresa estaría buscando in extremis 35 millones para evitar la quiebra.
Esa información no aclara si se refiere a la deuda que deben capitalizar los proveedores para salvar la quiebra o es parte de la nueva financiación de 250 millones.