La Junta recurre ante el TSJA las limitaciones a las casas de apuestas
La Consejería de Hacienda argumenta que con la modificación del PGOU se trata de regular el sector Vila cree que es “una invasión” autonómica en las competencias municipales
● Apela ante el Alto Tribunal andaluz contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cádiz para limitar su apertura en determinadas zonas
La Junta de Andalucía ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cádiz por el que se aprobaba una modificación urbanística para limitar la apertura de casas de apuestas en determinados puntos de la ciudad. Esta normativa hacía que no se pudiera abrir ningún establecimiento nuevo a menos de 500 metros de un colegio, instituto, instalación deportiva o cultural, lo que hace que se tengan que ir a zonas industriales lejos de las zonas residenciales.
El concejal de Urbanismo, Martín Vila, asegura que la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha tenido conocimiento de este recurso que ha interpuesto la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, según Martín Vila, porque argumentan que “estamos ordenando el sector del juego, cuando no lo estamos haciendo para nada, sino ordenar el territorio para nuestros vecinos y vecinas”.
Vila se ha mostrado muy sorprendido por la medida de la Junta ya que en el expediente que se presentó para aprobar esta modificación al Pleno, iba un informe de la Consejería de Cultura y otra de Fomento que eran favorables a esta medida: “Incluso en el caso de Fomento se nos decía que no afectaba a ninguna competencia supramunicipal”. Sin embargo, en aquel momento la de Hacienda, a la que también se le dio traslado del expediente, decidió no informar en este trámite.
El portavoz del equipo de Gobierno asegura que también le sorprende la medida “porque estamos en un contexto de crisis económica, social y sanitaria y, por ello, las administraciones debemos defender la salud de nuestros vecinos y vecinas. Que en esta coyuntura la Junta interponga un recurso ante una medida que tiene como finalidad salvaguardar la salud pública y defender a la población vulnerable, nos sorprende mucho”.
Martín Vila afirma que este recurso “no se hace de forma aislada”, sino que se ha hecho “de manera coordinada con la patronal del sector del juego en España”, que ha puesto otro contra las normas que a nivel nacional se quieren poner para limitar los anuncios de estas plataformas de apuestas deportivas.
Vila relaciona al partido que gobierna en la Junta, el Partido Popular, con el hecho de que el que fuera ministro de Justicia con Mariano Rajoy en el gobierno central, Rafael Catalá, “abriera las puertas en toda España a esas plataformas de apuesta online. Después de hacer
ese gran servicio al sector, pasó a formar parte del consejo de administración de Codere, una de las multinacionales de estas casas de apuestas”. El teniente de alcalde de Urbanismo calificó este hecho como “unas puertas giratorias como un castillo”.
Martín Vila ha añadido además que lo que está haciendo la Junta “es una auténtica invasión a las competencias municipales que tienen todas las localidades para ordenar su territorio”. Así ha aseverado que el Ayuntamiento va a dar “la batalla” con varias claves. Por un lado, “porque hay que defender la salud pública ante un ataque a la clase trabajadora y a la población más vulnerable, como son las casas de apuestas”. En este sentido, ha afirmado que “esta se enriquecen a costa del drama que viven muchas familias que necesitan obtener recursos de una manera rápida”.
Además, ha resaltado que en estos locales “se fomenta la ludopatía y se alimentan las adicciones” y eso ataca sobre todo “a la población más vulnerable”. De hecho, ha añadido que muchas de estas casas de apuestas y salones de juego se instalan “en las barriadas de la clase trabajadora”.
El teniente de alcalde de Urbanismo insiste en que la modificación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz es legal “porque además cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales y de los habilitados estatales en Consistorio”.