El Supremo estudiará mañana la condena de ‘Kichi’ por Loreto
● Al igual que la defensa del alcalde, la Fiscalía del alto tribunal solicita su absolución
El Tribunal Supremo estudiará mañana la condena del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, por responsabilizar a la exalcaldesa Teófila Martínez y el exconcejal Ignacio Romaní de la distribución de agua contaminada durante días en el barrio de Loreto en 2014, según publicó ayer en su web la Cadena Ser. Los jueces, con el magistrado Miguel Colmenero como ponen te, estudiarán el recurso del regidor de Adelante Cádiz. La Fiscalía también pide que sea absuelto.
El origen de este caso se remonta a 2016 cuando José María González y sus concejales se dirigieron a vecinos y periodistas desde la sede de la Confederación de Empresarios de la ciudad para exponer un informe de la empresa municipal Aguas de Cádiz: los ponentes responsabilizaron a la anterior administración local del Partido Popular de suministrar agua contaminada durante varias semanas a los vecinos del barrio de Loreto entre septiembre y octubre de 2014.
El alcalde y sus ediles se dirigieron directamente a la exalcaldesa, Teófila Martínez, y al exconcejal Ignacio Romaní, el expresidente de la sociedad municipal del agua. Fueron ellos los que llevaron a todos ante la Justicia al entender que se les habían imputado incluso delitos sin motivo y pidiendo indemnizaciones de 30.000 euros y multas de más de 5.000 euros. La Fiscalía siempre solicitó la absolución de Kichi.
En un primer momento, el juzgado de lo penal 5 de la ciudad optó por la absolución pero después la sección cuarta de la Audiencia de Cádiz condenó al alcalde por un delito de calumnias con publicidad. Le impuso una multa de 5.400 euros y 3.000 euros de indemnización para la exalcaldesa y el exconcejal del PP.
En primera instancia la magistrada Esther Burgos entendió que las declaraciones de Kichi no realizaban imputaciones criminales y que, además, estaban amparadas por la libertad de expresión al ser crítica política. Fue la Audiencia Provincial de Cádiz, con el magistrado Juan Sebastián Colom acom oponente, la que optó por condenar al regidor por un delito de calumnias al entender que fue una rueda de prensa “evidentemente descalificadora y ofensiva al imputar a los querellantes hechos muy graves cometidos de manera deliberada”.