El Gobierno puede llevar al Constitucional la laxitud sobre la evaluación ambiental
El Gobierno de España y la Junta han acordado “iniciar negociaciones” para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) por “discrepancias” existentes en torno a la modificación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental aprobada por decreto-ley el pasado mes de febrero y que permite, “en circunstancias excepcionales, excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”.
Se trata, en concreto, de la disposición final tercera del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que añade un nuevo apartado a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que establece que “el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”.
El Gobierno y la Junta mantienen “discrepancias” en torno a esa disposición y, por ello, han acordado “iniciar negociaciones” para resolverlas, según se recoge en un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Controversias.