La negociación de los ERTE se alarga hasta el límite del plazo
● En teoría expira hoy pero podría haber prórroga con una reunión del Gobierno extraordinaria
Gobierno y agentes sociales apuraban ayer la negociación para cerrar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. El Ejecutivo y los interlocutores sociales tratan de limar aquellos puntos que le separan del acuerdo para extender los ERTE hasta después del verano y que centran, básicamente, en las exoneraciones a la Seguridad Social propuestas desde el Ministerio de José Luis Escrivá.
La regulación actual de los ERTE ligados al Covid finaliza el próximo 31 de mayo, por lo que para que pueda aprobarse en el Consejo de Ministros ordinario de hoy debería cerrarse antes. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que, para dar más tiempo a las posibilidades de acuerdo, se convoque un Consejo de Ministros extraordinario antes del 31 de mayo.
Los principales líderes de UGT, CCOO y CEOE, Pepe Álvarez, Unai Sordo y Antonio Garamendi, respectivamente, participaron ayer en un acto sobre formación en el que han hablado sobre la marcha de las negociaciones.
Álvarez afirmó que sería un “fracaso” que esta nueva prórroga, que podría ser la última o una de las últimas, se aprobara sin el acuerdo social. El líder de UGT pidió que se prorrogue el decreto vigente sobre los ERTE en las mismas condiciones que se recogen ahora, una petición que también ha hecho expresamente el presidente de la CEOE.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que dé continuidad a los ERTE antes de que expire el esquema actual, el próximo 31 de mayo.
En un tono bastante más crítico que el de Álvarez y Sordo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se quejó de que el Gobierno se esté tomando esta negociación como si fuera “un mercado”, haciendo “ofertas y no ofertas” y cambiando porcentajes a última hora.
Los escollos para conseguir el acuerdo se centran en la propuesta que puso sobre la mesa el Ministerio de José Luis Escrivá para reducir la cuantía de las exoneraciones a la Seguridad Social en el caso de los trabajadores que se mantienen en el ERTE y aumentarlas para los que vuelven a la actividad.
La propuesta no fusta a los agentes sociales, que reclaman al Gobierno mantener las mismas reglas que rigen en la regulación actual. Hasta la propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que lo que funciona, “no debe cambiarse”.