Rebelión autonómica contra el cerco al ocio nocturno y la hostelería
Díaz Ayuso advierte a Sánchez de que “se las tendrá que apañar” para imponer unas restricciones que seis comunidades perciben como una “invasión de competencias”
Las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades han levantado una rebelión en otro nutrido grupo de autonomías, que se niega a acatarlas al verlas como una imposición que invade competencias, por lo que amenazan recurrirlas.
Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aboga por trabajar con las autonomías y les ha invitado a establecer “marcos de actuaciones comunes”, al tiempo que rechaza acudir a los tribunales porque “la judicialización es el último paso en la política”, afirmó ayer en una entrevista con RNE.
De obligado cumplimiento en todo el territorio, según ha recordado el Ministerio de Sanidad, la declaración de actuaciones coordinadas acordada el miércoles en el Consejo Interterritorial permite la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, ampliable hasta las 3.
Sanidad declina recurrir a la vía judicial porque es “el último paso en la política”
Pero solo en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo (nueva normalidad o nivel 1, que implica una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes), que por ahora solo cumplen Baleares, la Comunidad Valenciana y Ceuta (con 38, 35 y 28, respectivamente).
También establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas, y restricciones de aforo, así como otras medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los 2 metros de distancia, entre otras.
La Comunidad de Madrid fue la primera en anunciar que no pensaba acatar el acuerdo para seguir aplicando la normativa general y así lo reiteró ayer la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez “se las tendrá que apañar” para imponer las medidas.
La Plataforma por el ocio y la hostelería de Madrid cuestionala obligatoriedad de las normas al no haberse adoptado por unanimidad, por lo que también ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra ellas.
Madrid está en el nivel 3 de riesgo con una incidencia de 165, más del triple de la del nivel 1, que le permitiría abrir el ocio nocturno; ya no hay zonas de salud confinadas pero mantiene restricciones horarias a la restauración, que puede estar abierta hasta la 1:00, con el aforo limitado al 50% en el interior y al 75% en terrazas.
Como “un ejercicio de invasión de competencias” ha definido la decisión el lehendakari, Íñigo Urkullu, que garantiza que Euskadi seguirá su propia “hoja de ruta” para hacer frente a la pandemia. “Estamos viviendo un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del Gobierno español. Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa”, denunció.
El País Vasco soporta hasta la fecha una incidencia de 198, la más alta de España. Desde el miércoles, los bares y restaurantes pueden ampliar su horario hasta la medianoche con un aforo máximo del 50% en interiores, aunque permanecen cerrados aún los txokos, sociedades gastronómicas y locales de ocio nocturno.
La Xunta de Galicia lamenta que el Gobierno central quiera “imponer su criterio” y avisa de que está estudiando “hasta qué punto es obligatoria esta decisión” para “actuar en consecuencia”.
Cataluña siempre ha defendido que el Gobierno central debe dejar en manos de los autonómicos la reapertura del ocio nocturno. El nuevo conseller de Salud, Josep Maria Argimon apostó por reabrir “pronto” el ocio nocturno de forma regulada, porque cree que contribuirá a minimizar los botellones.
Cataluña está en un nivel 2 con 100 de incidencia; permite en interiores de restaurantes un aforo del 30 %, mientras que en las terrazas basta con asegurar la distancia de seguridad de dos metros.
Murcia también votó en contra por suponer en algunos aspectos un “paso atrás” y censura que se les “ha empujado” a pronunciarse “sin haberlo consensuado, ni tan siquiera escuchado, para su elaboración”, según informaron fuentes de la consejería de Salud.