LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN Y LOS IMPUESTOS
LA recaudación en 2020 fue de 195.051 millones de euros, 18.757 menos que en 2019. Con ella había que afrontar un gasto público de 461.000 millones. El nuevo Gobierno llegaba con ganas de subir los impuestos. Anunciaba una subida de 80.000 millones, pero aclarando con asombrosa desfachatez que ni la clase media ni los trabajadores se verían afectados en lo más mínimo. Lo pagarían los ricos y las empresas y para ello contaban con dos poderosas iniciativas (las tasas Google y sobre transacciones financieras) y una batería de reformas. Entre ellas, la polémica subida del impuesto al gasoil, que finalmente no se llevaría a cabo por exigencia de algún socio de investidura.
La pandemia echó por tierra las previsiones recaudatorias y disparó el gasto público. En 2021 se espera gastar 550.000 millones, contando con una ayuda europea de más de 26.000 millones, que finalmente quedarán en 19.000. La consecuencia es que el déficit se va disparar por encima del 11% del PIB y la deuda pública del 120%, lo que significa que al Gobierno no le salen sus cuentas, que recuerdan a las del Gran Capitán.
Gonzalo Fernández de Córdoba atendió la petición de rendición de cuentas que le formuló Fernando el Católico tras su campaña contra los franceses en Italia con un informe que comenzaba: “Cien millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo” y continuaba con el coste de las pompas fúnebres por los soldados del rey caídos en la batalla. El dicho popular lo refiere a la justificación forzada y poco creíble de quien ha de lidiar con circunstancias excepcionales, como sin duda es la provocada por la pandemia.
La cuestión es que el agujero en las cuentas públicas no deja de crecer y en algún momento habrá que abordar el problema. El Gobierno ha decidido, por el momento, ignorar la vía de la eliminación del gasto superfluo que, según estimaciones discutibles, pero que circulan, permitiría cubrir la práctica totalidad del déficit de la seguridad social (15.000 millones). Prefiere subir impuestos y eliminar bonificaciones y desgravaciones fiscales para cuadrar sus cuentas. Reducir la desgravación en la base imponible del IRPF y eliminar la tributación conjunta; implantar el céntimo por kilómetro en la red de carreteras; recuperar la subida del impuesto al diésel y subir el IVA a las bebidas azucaradas. También seguirá el consejo de Airef de eliminar bonificaciones y conseguir ingresos por importe superior a los intereses de la deuda púbica (31.675 millones en 2021).
Suponemos que, tras el sablazo en electricidad y combustibles, la ministra de Hacienda no insistirá en que las clases media y trabajadora pueden continuar tranquilos. Una característica común a estos productos es que su demanda es muy inelástica y no se va a reducir porque suba el precio. En la práctica significa que, aunque el impuesto se establezca sobre el productor (por ejemplo, la generación eléctrica), las compañías pueden repercutirlo casi en su totalidad sobre sus clientes. Ocurre, por ejemplo, con los medicamentos, pero también con el céntimo por kilómetro y en todo ello no hay nada de progresista. Más bien lo contrario.