Las VTC alertan de la pérdida de 8.500 empleos con el nuevo decreto
● Las asociaciones de alquiler de Andalucía aseguran que las medidas de los taxistas les “condenarían a la desaparición” y destacan que la precontratación ya fue declarada ilegal
El sector de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) genera unos 8.500 empleos en Andalucía y tiene un impacto directo en la economía de 370 millones de euros, además del indirecto al impulsar actividades como el turismo y la hostelería. Así lo reivindican las asociaciones que aglutinan a empresas y conductores de vehículos, que advierten de la pérdida de esta riqueza si sale adelante el decreto que regulará su funcionamiento en Andalucía con las propuestas que se han conocido hasta ahora del tiempo mínimo de precontratación o longitud de los vehículos.
Así lo transmitieron ayer viernes las asociaciones de alquiler de Andalucía, Andeval y Unauto VTC, en un comunicado, en el que advierten de que las exigencias del taxi a la Junta de Andalucía “condenarían al sector a su desaparición” debido a la “expropiación de licencias y restricciones arbitrarias a su actividad”.
Ambas organizaciones avisaron de que las “presiones” para “eliminar estos servicios públicos a los usuarios de la movilidad andaluza” consisten, “entre otras, en el establecimiento de restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían, como mínimo, eliminar el 25% de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región”.
El Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el conocido como introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de los VTC, suprimiendo los servicios urbanos y limitándolos al servicio interurbano. El decreto permitió un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, instando a las comunidades autónomas a regular la habilitación del servicio urbano a partir de esa fecha.
En la negociación de esa regulación se halla inmersa ahora la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que asegura que el objetivo del futuro decreto ley será “contar con seguridad jurídica” para poder organizar y facilitar la convivencia del taxi y los VTC y dar un mejor servicio al usuario. “Por encima de todo y en el centro de la regulación ha de estar el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios”, explicó la consejera Marifrán Carazo ante la protesta convocada el jueves a las puertas del Parlamento de Andalucía.
Entre las propuestas presentadas por la Junta a la mesa de negociación están establecer zonas de especial protección donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captación de clientes,
Manzano considera que las medidas pretenden reducir al mínimo su actividad
reforzar la información que los VTC tienen que ofrecer a las administraciones para su registro, no permitir la geolocalización antes de la contratación del servicio, exigir la superación de una prueba al igual que a los taxistas, un aumento de las inspecciones y endurecimiento de las sanciones y la exigencia de una longitud mínima a los vehículos VTC atendiendo a su clasificación ambiental.
Las empresas de VTC se muestran contrarias a esta última medida, como también a otras propuestas formuladas por los taxistas, como la obligación de haber estado operando en los últimos doce meses o el tiempo mínimo de precontratación. Restricción esta última que “ha sido ya declarada ilegal por tres Tribunales Superiores de Justicia y es completamente contraria a los principios liberales que afirma defender el Partido Popular”, asegura el presidente de Unauto, José Manuel Berzal.
El presidente de Andeval, Ignacio Manzano, considera que las medidas “son excesivas y no pretenden sino reducir al mínimo la actividad de la V TC en Andalucía”.
Las empresas remarcan que los usuarios respaldan la convivencia de taxis y VTC y que estas últimas pagan nueve veces más impuestos al tributar por estimación directa.
Ambas organizaciones recalcaron que las “limitaciones” a la oferta de servicios del sector VTC traería consigo “la destrucción de empleo, el pago de indemnizaciones millonarias (calculan 80 millones de euros) que saldrán del bolsillo de los contribuyentes, un efecto perjudicial sobre el turismo, la hostelería, la imagen de la región y la experiencia de movilidad de los visitantes”, así como “el empeoramiento de la calidad y encarecimiento de los servicios de movilidad”.
“Aplicar una política liberal, abrir el mercado y apoyar a los titulares de licencia de taxi para que se digitalicen y ofrezcan una calidad excelente es el mensaje que la Junta de Andalucía debe enviar a la sociedad, para conseguir el beneficio de taxistas, ciudadanos y turistas, y generar más empleos y actividad económica”, reclamaron desde Aneval.
Según el secretario regional de acción sindical de FeSMC UGT Andalucía, Juan Antonio González Marín, “ante nuestra preocupación por las noticias que nos llegan del peligro que corre esta actividad, queremos manifestar que apoyaremos y sostendremos nuestra defensa de cualquier iniciativa que beneficie a cualquier trabajador o trabajadora de este sector, y para ello, impulsaremos una regulación proporcionada que haga crecer y prosperar al sector y continúen creando puestos de trabajo en Andalucía”.
Asimismo, el presidente de la Mesa del Turismo Juan Molas afirmó, en relación a los efectos positivos de la existencia del sector VTC sobre el turismo y la experiencia del viajero: “Desde la Mesa del Turismo de España instamos a la Junta de Andalucía a que dé respuesta a la necesidad urgente e inaplazable de regular las VTC, dejando de lado restricciones que, además de empeorar la calidad de la movilidad y la imagen de la región ante los turistas que nos visitan cada año, como ha sucedido en regiones extremadamente restrictivas con la VTC como Baleares, Valencia o Cataluña, también perjudican a los miles de andaluces que demandan este servicio y a las más de 8.500 personas que emplea el sector en la región”.
Por último, el secretario general del Sindicato Libre de Transportes (SLT), Julio Muñoz Rejas, destacó que “se ha demostrado claramente que el servicio prestado por las VTC es totalmente compatible con otros modos de transporte, como el taxi, por lo que una regulación que dé seguridad jurídica a los trabajadores es absolutamente necesaria”.