El agua que falta en Andalucía
● La comunidad autónoma tiene un largo listado de obras hidráulicas pendientes del Estado y la Junta de Andalucía ● Partidos y regantes las reclaman
La tierra cuarteada ocupa casi la totalidad de las 258 hectáreas del embalse de Colomera, en Granada, convertido en un paisaje desolado en el que solo perviven 3,5 hectómetros cúbicos de agua de los 40 de capacidad que tiene el pantano. Este presenta un peor porcentaje de llenado de Andalucía (8,71%), símbolo de lo que ocurre en el resto de la comunidad autónoma, donde el conjunto de los embalses solo almacenan el 25% del agua que podrían acumular (casi 12.000 hectómetros cúbicos en total). Es la imagen de la sequía que avanza a marchas forzadas, en una situación cada vez más acuciante ha llevado a que partidos y agentes sociales alcen la voz para reivindicar (una vez más) la ejecución de obras de emergencia y del largo listado de infraestructuras hidráulicas pendientes en la región. Un catálogo que va del bombeo del Bocachanza en Huelva a las desaladoras en Almería y que contiene actuaciones del Estado y de la Junta de Andalucía.
Esa lista por ejecutar será la protagonista del primer Pleno del Parlamento andaluz la próxima semana. PP y PSOE llevan a la Cámara andaluza sendas iniciativas sobre la sequía y obras pendientes y han recopilado sus prioridades. Los primeros reclaman las obras dependientes del Gobierno central; los segundos incluyen infraestructuras de ambas administraciones. La reivindicación no difiere mucho de la que vienen haciendo desde hace años fundamentalmente los regantes, pero también los colectivos de usuarios y los agentes sociales.
Una provincia agrícola, Huelva, acumula algunas de las infraestructuras con solera más destacadas, de las que dependen no solo la supresión de las captaciones del acuífero de Doñana y la estabilización de los cultivos del entorno del parque, sino la consolidación y ampliación en otras zonas de la provincia en planes que suman lustros de antigüedad. Ahí se enmarca el desdoblamiento del túnel de San Silvestre (entre los embalses de Chanza y Piedras), destinado a dar más agua a los regantes del Condado de Huelva. Declarado de interés general del Estado, este mismo jueves el Gobierno aprobó el proyecto constructivo, valorado en 73,5 millones y espera que puedan iniciarse las obras en 2023. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) son muy críticos con la Declaración de Impacto
Ambiental porque limita el transporte de agua a 10 metros cúbicos por segundo aunque el proyecto sea de 20.
El largamente reclamado trasvase de la cuenca TintoOdiel-Piedras a la del Guadalquivir para acabar con la sobreexplotación de los acuíferos en Doñana también sigue pendiente. La ley del trasvase prevé que el caudal a trasvasar pase de 5 a 20 hectómetros cúbicos (los regantes piden 40), pero están por definir todas las obras de transportes y almacenamiento.
Una de las grandes obras hidráulicas de la anterior planificación hidrológica, la presa de Alcolea, que regularía por primera vez el río Odiel, quedó paralizada con su ejecución al 22%. Hace cinco años Sacyr paró las obras por diferencias con la sociedad estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) y desde entonces no se ha retomado la construcción de un pantano de 246 hectómetros cúbicos de capacidad, destinado a dar mayor garantía al sistema hídrico y surtir a los regadíos a través del canal de Trigueros.
El PP suma a ese listado de obras pendientes en Huelva la presa de Pedro Arco, en el río Piedras, y la duplicación de los bombeos del Bocachanza, que permita incorporar más agua del río Guadiana al sistema hidráulico onubense. Y el PSOE reclama a la Junta la ejecución de obras declaradas de interés general de la comunidad autónoma: el aumento de capacidad de regulación de los depósitos del sistema Huelva y la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, zona que ya está sufriendo restricciones por la sequía.
En la Cuenca del Guadalquivir, el proyecto más adelantado es el de la modernización del riego del arroz. La idea es transportar agua dulce desde Peñaflor hasta la zona arrocera a través del recrecimiento del canal del Bajo Guadalquivir. El proyecto se ha desglosado en cinco fases y ahora mismo está pendiente de licitarse la primera de ellas, previsiblemente antes de final de año. Se trata del recrecimiento de 31 kilómetros del canal entre Peñaf lor y El Cuenco (en el municipio de Carmona). Posteriormente se harían las tuberías y las tomas en la margen izquierda (12.000 hectáreas) y derecha (24.000). El objetivo final es evitar la salinidad del río que dificulta el riego.
El recrecimiento del Agrio, que como tal figura en los planes hidrológicos desde 2014, es ahora cuando parece empezar a andar. En agosto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) adjudicó la redacción del proyecto con un plazo de 18 meses. Este elevará de 20 a 60 hectómetros cúbicos la presa para dar servicio a la zona de Villamanrique y Aznalcázar y reducir el uso de aguas subterráneas. Y se dotará asimismo de recursos al parque de Doñana cuando lo necesite
Huelva acumula obras pendientes: el trasvase a Doñana, Alcolea, el túnel de San Silvestre
Los cambios en la normativa ambiental obligan a reelaborar varios proyectos
a través del Guadiamar (el Agrio es afluente de este río).
El PSOE añade al listado de actuaciones pendientes en la provincia de Sevilla varias obras de la Junta de Andalucía: la mejora del abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos y a la Sierra Sur y el proyecto de abastecimiento a la Sierra Morena sevillana.
Presente en los planes hidrológicos desde 2009, el proyecto de Cerrada de la Puerta, entre las provincias de Jaén y Granada, es el más importante en la CHG por su dimensión (289 hectómetros cúbicos) y porque abastece al régimen general, es decir, a la mayoría de regantes. Paliaría en buena medida el déficit hídrico existente (entre 300 y 400 hectómetros cúbicos). El secretario general de Feragua, Pedro Parias, lamenta que aunque había un anteproyecto del embalse, la normativa europea exige elaborarlo de nuevo, al tener que hacer un estudio de alternativas en el que se justifique que no hay otra solu