La UDEF afirma que Serrano y sus socios pidieron seis millones a Extremadura
● Un nuevo atestado sostiene que emplearon un millón de la subvención recibida para la fábrica de Niebla para dar apariencia de “gran solvencia” y lograr otros 6 millones de fondos públicos
Un millón de euros de una subvención utilizado para solicitar más ayudas a otra Administración Pública. Eso es lo que asegura la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un nuevo atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y a sus dos ex socios por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en las subvenciones concedidas a la empresa Biowood Niebla, relacionado con el proyecto para construir una fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla. Uno de los socios de Serrano, Enrique Pelegrín, llegó incluso a reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, con el que firmó en agosto de 2017 un protocolo para el “aprovechamiento sostenible de los espacios forestales”, que consistía en la construcción de tres plantas de pellets en esta comunidad autónoma. En la operación aparecían además como responsables de las empresas dos testaferros, uno de ellos concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Galaroza (Huelva).
El nuevo atestado policial, elaborado en marzo pasado pero que ha sido incorporado ahora a la causa, asegura que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros “diseñaron una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura empleando los fondos recibidos del Ministerio de Industria a través del Plan Reindus, para dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia”. Posteriormente, Serrano “pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial”.
Así, los investigadores sostienen que con los fondos del Reindus se cometieron “numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales y se empleo un millón de euros en la constitución de Pellex Energía, millón que poco después sería retirado una vez cumplido su objetivo de simular solvencia ante la Administración Pública en Extremadura”.
Dice el atestado que las empresas Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía recibieron una subvención de dos millones
de euros cada una, en total seis millones, de una convocatoria para actuaciones relacionadas con la “fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa” en la comunidad autónoma de Extremadura, de acuerdo con el decreto 160/2018 de 2 de octubre, desarrollado por la orden de 24 de octubre de 2018.
Los investigadores analizan el papel desarrollado en la petición de la nueva subvención por la empresa
Proyectos e Inversiones Serralba, que adquirió todas las participaciones sociales de Biowood Niebla, la empresa que recibió 2,4 millones de Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla, hechos que se investigan en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Serralba era una sociedad de la que Francisco Serrano tenía el 60% del capital social y su socio Enrique Pelegrin, el 40% restante.
Serralba constituyó el 21 de junio de 2017 las sociedades Enex Energía y Pellex Energía, esta última con el capital social desembolsado de un millón de euros procedentes de la “subvención ilícitamente obtenida por Biowood Niebla” y de la que fue nombrado administrado único Enrique Pelegrín, sostiene el atestado, al que ha tenido acceso este periódico.
El 21 de agosto de 2017, Enrique Pelegrín, como representante de
Pellex Energía, y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, suscribieron un protocolo para construir las tres plantas de pellets. El 4 de octubre de 2017, Serrano transmitió sus participaciones de Serralba a Enrique Pelegrín y éste a su vez las vende en diciembre de ese mismo año al tercer implicado, Francisco Javier López Ballesteros, que es nombrado apoderado de la sociedad.
En el atestado, los investigadores de la UDEF aseguran que no se ha localizado en ninguno de los expedientes de las subvenciones de dos millones concedidas a Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía “información alguna al respecto de cómo se iban a financiar los proyectos, más allá de los presupuestos desglosados para justificar el importe de la subvenciones solicitadas”.
Además, en Pellets Herrera se nombró como administrador único a Fernando Román Sanchez Sosa, que estuvo en el cargo entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, y es concejal de Economía y Hacienda por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Galaroza (Huelva), quien según la Policía fue nombrado administrador de una de las empresas “pantalla” y lejos de ser socio que aportaba capital en realidad era “un hombre de paja”. Para la Policía esta persona actuaba como testaferro “a cambio de una compensación económica”.
Concluye la Policía que se constituyeron estas dos sociedades administradas por testaferros para que los propietarios de Proyectos e inversiones Serralba obtuviesen fondos públicos europeos y de la Junta de Extremadura para, supuestamente, construir tres plantas de pellet en esta comunidad. Estas operaciones se hicieron a través de las sociedades Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía, que suscribieron en diciembre de 2018 convenios de colaboración con los alcaldes de los municipios extremeños en los que supuestamente iban a levantarse las fábricas: Herrera del duque, Caminomorisco y Moraleja.
No obstante, a diferencia de los proyectos presentados en Andalucía, “la subvención no se desembolsa por parte de la Administración extremeña hasta que el proyecto está ejecutado, lo que parece ser el único motivo por el que los fondos públicos no han sido transferidos a las cuentas de las sociedades investigadas”.