El PSOE denuncia la “dejadez” de la Junta con los Juzgados de San José
● El edil Óscar Torres anuncia una batería de preguntas al consejero Nieto en el Parlamento andaluz
El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha criticado duramente la “dejadez” por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública respecto a las dependencias judiciales de los juzgados de San José, que venían acumulando un grave deterioro desde hace años y finalmente se han visto clausuradas sus dependencias el pasado 17 de noviembre.
“La realidad es que la Junta de Andalucía ha estado mirando hacia otro lado mientras que la actividad del colectivo judicial se realizaba en una situaciones precarias y, finalmente, se tuvieron que desalojar los juzgados”, explica en un comunicado Torres, que lamenta la suspensión de todos los juicios previstos hasta el próximo 5 de diciembre, tal y como ha notificado el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “un retraso que viene a sumarse al que ya de por sí sufre la administración de Justicia”, incide el portavoz.
Óscar Torres confía en la batería de iniciativas que los socialistas registrarán en el Parlamento andaluz con objeto de que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, comparezca para explicar los detalles de tan “caótica gestión”, además de pedir el contenido del informe que prepara la Junta, obligada a ello por la Inspección de Trabajo y la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), señala.
Para finalizar, el portavoz afirma que la Junta de Andalucía ha hecho “caso omiso” a todos aquellos que han estado denunciando la situación precaria de estas instalaciones judiciales en Cádiz, y añade que “el abandono de las infraestructuras judiciales de Cádiz es una muestra más de la falta de atención de la Junta hacia nuestra ciudad”, concluye el edil socialista.
Cabe recordar que la suspensión de las vistas orales en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Cádiz, los que alberga la sede judicial de Los Balbo, supone incrementar los retrasos que ya de por sí sufre la administración de Justicia. Así pues, se verán afectados todos los juicios penales relativos a delitos leves, como amenazas, hurtos..., así como los procedimientos relacionados con familia, desamparos, tutelas, divorcios, incapacidades o reclamaciones de cantidad, entre otros asuntos.