La reforma para borrar el término ‘disminuido’ lleva año y medio congelada
● PSOE y PP se muestran a favor de llevar a cabo el cambio en la Constitución pero se culpan mutuamente de no hacer movimientos
El proyecto de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución y borra el término “disminuidos” permanece congelado en el Congreso un año y medio después de su aprobación por el Consejo de Ministros, a pesar de que tanto el PSOE como el PP garantizan su compromiso con la reforma.
Ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, varias de las organizaciones que las representan vuelven a revindicar una nueva redacción de ese artículo, adecuada al constitucionalismo del siglo XXI y orientada a la inclusión y al reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.
En su manifiesto con motivo del Día Internacional, el PSOE recuerda que el proyecto está en tramitación en el Congreso y afirma que seguirá trabajando hasta su aprobación definitiva, confiando “en la responsabilidad y compromiso de todos y todas”.
Pero nada se mueve en la Comisión Constitucional del Congreso, que ha aprobado cerca de sesenta ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, la última hasta el 7 de diciembre.
Cuando el proyecto llegó al pleno de la Cámara Baja, el PP y Vox lo rechazaron al considerar peligroso que un gobierno respaldado por partidos independentistas abriera el melón constitucional, pero cuando Alberto Núñez Feijóo se reunió por vez primera con el presidente del Gobierno como nuevo líder del PP, el asunto fue incluido entre las propuestas de posible acuerdo.
Los populares destacan que antes del verano plantearon crear una mesa en la que participaran las asociaciones, el PP y el PSOE para consensuar un texto definitivo y que siguen esperando respuesta.
El Gobierno, por su parte, destaca que incluyó ese proyecto entre los 11 puntos de acuerdo que planteó al PP para recuperar consensos básicos y que es ese partido el que no ha respondido. El pasado octubre, en el Congreso de Unidad Progresista de la ONCE, Feijóo afirmó que la reforma debía ponerse en marcha “de forma inmediata”, antes de que empiecen los largos periodos electorales de 2023, y aseguró que su mano seguía tendida.
Pocas horas después, desde la misma tribuna, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le retó a convertir “las palabras en hechos” y desbloquear esa misma semana la reforma.
No hubo movimientos y en el Congreso, con los lazos rotos, cada semana se van ampliando de manera ya casi automática los plazos para presentar enmiendas a una iniciativa que apoya de forma unánime el movimiento de la discapacidad, que reivindica desde hace años la necesidad de modificar un artículo considerado ofensivo, además de obsoleto.
“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”, reza el artículo 49 de la Constitución.
Además de borrar el término “disminuidos”, la reforma presentada por el Gobierno y apoyada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) amplía el artículo para garantizar que son titulares de todos los derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin discriminaciones.
Se recuerdan los tratados internacionales firmados por España para proteger a las personas con discapacidad y se mandata a los poderes públicos a realizar políticas que aseguren su plena autonomía e inclusión, con participación de las organizaciones representativas y atendiendo las necesidades específicas de las mujeres y niñas.
El Día Internacional de las personas con discapacidad recuerda la tarea aún pendiente