Bruselas quiere ingresar 18.000 millones más con un nuevo IVA
● Plantea entre otras cosas obligar a plataformas como Uber o Airbnb a pagar el impuesto si sus proveedores no lo hacen
La Comisión Europea ha propuesto este jueves medidas para adaptar el sistema del IVA a la nueva realidad digital con las que espera recaudar 18.000 millones de euros más al año en la próxima década, entre ellas, exigir a las plataformas como Uber o Airbnb recaudar el impuesto cuando los proveedores últimos del servicio no lo hagan e introducir una factura digital para las compras transfronterizas.
También con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal, en este caso con los criptoactivos, Bruselas planteó por otro lado obligar a los proveedores de servicios de este sector a informar de todas las transacciones que efectúen los residentes en la Unión Europea (UE) para asegurar que los beneficios que se obtengan por las mismas no escapan a Hacienda.
“El sistema de IVA no ha avanzado al ritmo de la economía de plataformas y su uso todavía es engorroso para las empresas que quieren vender a consumidores en otros Estados miembros”, argumentó en una rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
La primera propuesta –de ser aprobada por los Veintisiete– obligaría a las plataformas digitales que actúan de intermediarias para alojamiento de corta estancia y transporte de pasajeros a recaudar el IVA y a enviarlo a las autoridades tributarias si el propietario del apartamento que se alquila o el conductor que da en última instancia el servicio no lo hace.
Gentiloni explicó que muchas transacciones a través de estas plataformas no pagan IVA, lo que da lugar a una situación de “injusticia” con respecto a los hoteles y taxis tradicionales. “Esta propuesta quiere eliminar este trato desigual haciendo a las plataformas responsables de la recaudación del IVA cuando el proveedor no lo hace”, afirmó.
Este cambio permitiría a las autoridades tributarias de los Estados miembros obtener hasta 6.600 millones de euros anuales durante diez años, mientras que las plataformas ahorrarían conjuntamente unos 48 millones en el mismo periodo, según las autoridades comunitarias.
La segunda propuesta busca atacar el fraude del IVA en compras entre socios del bloque a través de un sistema de información a tiempo real en el que las empresas tendrán que emitir una factura electrónica que envíen a las autoridades fiscales de cada país cuando vendan un bien o un servicio en otro país del bloque.
Esto sustituiría a la llamada “declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias” que existe en la actualidad, un sistema “desfasado, fragmentado e insuficiente” para atajar los delitos de fraude del IVA, a juicio del comisario de Economía.
“Calculamos que el paso a un sistema de facturas electrónicas ayudará a los Estados miembros a ingresar hasta 11.000 millones de euros más en 10 años”, dijo Gentiloni, añadiendo que además “aliviará la carga” que asumen las empresas en 4.100 millones al año.
La tercera propuesta de este paquete sugiere la creación de un portal único en el que se puedan registrar todas las empresas que venden productos o servicios en varios Estados miembros de la UE y a través del cual podrán cumplir con sus obligaciones en materia de IVA e interactuar con las autoridades tributarias de su país, lo que generaría un ahorro de 8.700 millones en la próxima década para las pymes.
En paralelo, Bruselas propuso enmendar la directiva de cooperación administrativa (DAC8) para aplicar a los criptoactivos las mismas normas de transparencia que a otros activos financieros y asegurar que tributan como deben.
“El anonimato, el hecho de que hay más de 9.000 criptoactivos diferentes disponibles y la inherente naturaleza digital de su comercio significa que muchos usuarios de criptoactivos que están teniendo grandes beneficios escapan al radar de las autoridades tributarias nacionales”, dijo Gentiloni.
Para atajar el problema, Bruselas quiere obligar a los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de donde tengan su sede y su tamaño, a informar de las transacciones de los clientes que residan en la UE.
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