La huelga judicial impide celebrar 9 de cada 10 juicios, según los convocantes
Los sindicatos hablan de un seguimiento masivo mientras que la Junta lo cifra en un 61,37%
Los 1.500 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia de la provincia de Cádiz llamados ayer a una huelga de 24 horas para reclamar mejoras laborales respondieron masivamente a la movilización de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que fue secundada por más del 90% de estos profesionales, según los datos facilitados por los convocantes. Desde CSIF estimaron que en la jornada de paro solo uno de cada diez juicios previstos se pudo celebrar, en cumplimiento de los servicios mínimos. Sin embargo, según fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, en Cádiz el seguimiento de la huelga fue de un 61,37%
Coincidiendo con esta jornada de paro a nivel nacional, el comité de huelga promovió una manifestación que recorrió la avenida principal de la capital gaditana, desde los juzgados de San José hasta la Subdelegación del Gobierno.
Allí, el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, insistió en que los funcionarios de Justicia han de decir “basta al ninguneo del Ministerio”. “Estamos hartos de desempeñar funciones para que los juzgados puedan funcionar sin que se nos reconozcan ni retribuyan de ningún modo”. Asimismo, subrayó que el colectivo afectado “constituye el 93% de todo el personal que hace posible que la Justicia funcione”.
De otra parte, desde STAJ criticaron que tras la subida retributiva al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), Hacienda y Justicia hayan brindado a jueces y fiscales una oferta de subida salarial “que niegan al 93% del personal de la Administración de Justicia, en un alarde de clasismo y discriminación indigno de este Gobierno que se dice progresista”Del mismo modo, para CSIF es “lamentable” que el Ministerio acepte aumentar el sueldo de jueces, fiscales y LAJ, “mientras que sigue ignorando y castigando al resto de funcionarios”.
Los funcionarios exigen además que se paralice la Ley de Eficiencia Organizativa, que “solo va a recortar derechos laborales y no va a suponer ninguna adecuación retributiva según las funciones que llevan a cabo”. “No necesitamos una ley que no ha sido negociada con los representantes sindicales para organizarnos mejor, sino más recursos materiales, más personal y un verdadero reconocimiento de su labor efectiva”, concluyó el responsable de Justicia de CSIF.
El calendario de huelga sigue los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y los sindicatos demandan un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes por persona aproximadamente, lo que supone un coste global de unos 200 millones de euros al mes para las arcas públicas, mientras la subida que les ofrece el Ministerio de Justicia rondaría los 44 millones, es decir, que supone algo menos del 25% de lo demandado.
Esta huelga sigue a la protagonizada entre el 24 de enero y finales de marzo por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los secretarios judiciales, que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes por persona, tras un prolongado paro traducido en un fuerte impacto para el servicio de justicia a cuenta de la suspensión de juicios, comparecencias y actos.