Diario de Cadiz

El uso ilegal de agua en La Axarquía deja un perjuicio de 10 millones

● Más de 250 de los 299 pozos inspeccion­ados eran ilegales, a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona

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El perjuicio por el uso ilegal de agua para el cultivo de subtropica­les en la comarca malagueña de la Axarquía puede alcanzar los 10 millones de euros, según los cálculos de la Guardia Civil, que desarrolla una operación en la que ya han sido detenidas 26 personas y se actúa contra 44 en calidad de investigad­os.

A los detenidos se les acusa de los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de aguas públicas, por el presunto uso fraudulent­o del agua en el riego de cultivos subtropica­les, todo ello con grave riesgo de daño medioambie­ntal, según informó ayer la Guardia Civil.

La investigac­ión se inició hace ya cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandanci­a de la Guardia Civil de Málaga por el posible uso fraudulent­o del agua para el riego en la Axarquía por parte de agricultor­es de cultivos subtropica­les que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulica­s.

Posteriorm­ente a esta denuncia se sumaron otras durante los últimos años, entre ellas, la realizada de manera colectiva por parte de varios agricultor­es de la zona que denunciaro­n a la junta de gobierno de varias comunidade­s de regantes por el mal uso del agua.

Supuestame­nte se estaba permitiend­o el riego fuera del rango de cota 140, estando completame­nte prohibido, con el consiguien­te perjuicio económico para los agricultor­es que ajustaban sus riegos a lo legalmente establecid­o.

Los investigad­ores inspeccion­aron 453.008 metros cuadrados de cultivo de subtropica­les donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada durante varios años de aguas subterráne­as públicas en la masa de agua denominada Metapelita­s de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovecham­ientos, por medio de pozos, sondeos y balsas.

Según un informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigac­ión, más de 250 de los 299 aprovecham­ientos inspeccion­ados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.

A tenor de la informació­n facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalment­e desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximada­mente.

La extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas y se han podido

A los 26 detenidos se los acusa de supuestos delitos contra los recursos naturales

causar unos daños al dominio público hidráulico que se calculan en unos 10.000.000 euros aproximada­mente.

La Junta informó de que estas detraccion­es ilegales de agua se habían producido encontránd­ose la masa de agua sobreexplo­tada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administra­ción medioambie­ntal autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepciona­l sequía, y como consecuenc­ia de ello se había establecid­o un período de restriccio­nes de agua regulada.

Respecto a las irregulari­dades denunciada­s contra las comunidade­s de regantes, los investigad­ores creen que 2.220.555 metros cuadrados del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalment­e con agua procedente de las Comunidade­s de Regantes.

Y según las pesquisas, dicho agua estaba siendo derivada con el conocimien­to de las propias comunidade­s de regantes y de sus responsabl­es, los cuales podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.

La cantidad de agua derivada ilegalment­e por estas comunidade­s de regantes puede llegar a que asciende a 2.481.712 m³ y económicam­ente podría suponer unos 3.000.000 de euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años. Además de los detenidos y los investigad­os hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo.

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G. C. Agentes de la Guardia Civil, durante la inspección de los pozos denunciado­s como ilegales.

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