Rechazo ecologista al nuevo sistema de tarifación para la factura de Apemsa
● Lo consideran “nulo de pleno derecho”, ya que contraviene el contrato firmado en 2014 entre el Ayuntamiento y la empresa Aqualia
Ecologistas en Acción ha presentado un escrito al Ayuntamiento solicitando la nulidad del acuerdo de Pleno del 6 de octubre de 2023, que aprobó una modificación del sistema de pago de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y depuración de agua residuales. El Pleno derogó las ordenanzas fiscales nº 26 y 27 que regulaban el pago de las tasas por este servicio, aprobando unas nuevas Ordenanzas reguladoras como prestación patrimonial de carácter público no tributario”, un cambio de enorme importancia “que perjudicará a los ciudadanos y beneficiará a la empresa Aqualia”.
La prestación de los servicios de suministro de agua potable, saneamiento y depuración de residuales, se presta por Apemsa, empresa mixta de titularidad pública (51% del capital), poseyendo la mercantil Aqualia el 49% restante. Al perder el carácter tributario de Tasa y convertirse en prestación patrimonial, “quedarían fuera del alcance del Pleno Municipal aspectos importantísimos de la tarifa que pagamos los usuarios”, advierten los ecologistas.
Hasta la fecha, la cuantía de la tasa a cobrar no podía sobrepasar los costes del servicio, mientras que ahora “puede cobrarse por encima de dicho coste”. Este hecho se agrava porque será la comisión de precios de la Junta quien autorizará las tarifas, restando autonomía al Ayuntamiento, “lo que causará un perjuicio a los usuarios”.
La transformación de las tasas en prestación patrimonial “resulta lesiva a los intereses de los abonados y de todos los portuenses como usuarios consumidores. Al perder el carácter de tasa queda sin efecto la cláusula de salvaguarda del contrato entre el ayuntamiento y Aqualia que estipula que “la revisión podrá basarse única y exclusivamente en la variación del IPC interanual”; a partir de ahora, no habrá ese límite.
La modificación de la regulación tarifaria produce un cambio sustancial en el contrato firmado en 2014 entre el Ayuntamiento y Aqualia, que establecía para toda la duración del contrato (25 años), el régimen tarifario mediante tasa, “resulta perjudicial a los intereses de los abonados y beneficia exclusivamente a la adjudicataria Aqualia”. Además, no ha sido consentida ni comunicada con carácter previo a los 45.000 abonados al servicio, por lo que “la modificación contractual operada por el procedimiento seguido deviene nula de pleno derecho”.