Bruno García se encuentra con un remanente líquido de 17,3 millones
● El Ayuntamiento explica que en base a la ley esa partida tiene que usarse para reducir la deuda y pagar obligaciones pendientes
El alcalde, Bruno García, firmó ayer los decretos que dan aprobación a la liquidación del presupuesto de 2023, operación que, según los técnicos de Intervención, se realiza por primera vez en el mes de abril. El equipo de gobierno ha tomado la decisión de aprobar primero la liquidación de 2023 antes de presentar el presupuesto municipal del presente año para utilizar el remanente de tesorería resultante. Y de este modo, se han encontrado con una partida de 17,3 millones de euros que servirá para aminorar los gastos.
El gobierno municipal, teniendo en cuenta la vuelta a la vigencia de las reglas fiscales, opta por incorporar los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en orden a minorar la deuda financiera y las obligaciones pendientes, con el principal objetivo de poder garantizar que el presupuesto municipal pueda garantizar mejor sus objetivos en materia social, inversión y para con la plantilla municipal.
La consecuencia directa de esta decisión es que ese menor gasto financiero se podrá volcar en la inversión social que está marcada como prioridad por
Bruno García; la Ayuda a Domicilio, la atención a las personas sin hogar, el servicio de Comida a Domicilio o la ayuda a entidades sociales.
La decisión de realizar la operación de amortizar deuda y atender obligaciones consolidadas antes de aprobar el presupuesto de 2024 implica un proceso administrativo que continuará en próximas semanas con una modificación de créditos que incorpore este remanente de 17,3 millones al presupuesto en vigor, para lo que es necesario su aprobación en pleno.
Tras ese primer trámite, la Tesorería Municipal por una parte y la Intervención por otra, realizarán sendas operaciones; una de amortización de deuda de alrededor de 14 millones; y otra de abono de dos obligaciones reconocidas para incorporar 1,45 millones de euros a los 1,94 ya previstos para el déficit de explotación de Transporte del año 2022; y 1,32 millones de euros al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia.
El pago de esas dos obligaciones y la reducción de la deuda con entidades financieras permitirá que los gastos del presupuesto se reduzcan, ofreciendo así la posibilidad de centrar el esfuerzo económico en atender el aumento del capítulo de personal, en base al acuerdo regulador firmado por el anterior equipo de gobierno, y el mencionado esfuerzo social.
Según señalan fuentes municipales, 6 de los 17,3 millones de euros de remanente corresponden al presupuesto de personal no ejecutado al encontrarse la plantilla municipal en 2023 con 60 plazas vacantes que por ley hay que dotar presupuestariamente, aunque finalmente no se cubran.
La teniente de alcalde de Personal, Maite González, ya anunció al respecto que se habían iniciado varios procesos de selección además de activar las ofertas de empleo público para cubrir gran parte de las 60 plazas vacantes que tiene el Ayuntamiento. “Son procesos largos y garantistas para todos los aspirantes, por lo que posiblemente no concluyan todos antes del primer semestre, pero esperamos que este remanente de 2024 sea menor, porque ello significará que hay más empleo público real y mejor servicio del Ayuntamiento a los gaditanos”.
El menor gasto financiero se podrá volcar en la inversión social que plantea el gobierno local