La juez ve indicios de delito en la obtención del máster de Casado
● La juez del máster acusa de prevaricación y cohecho al líder del PP ● Considera que el título es un obsequio “académico” por su “relevancia política e institucional”
Pablo Casado acaba de tomar el mando de la nave a la deriva del PP y ya divisa un torpedo judicial sobre su máster, pues la juez que lo ha investigado ha elevado la causa al Tribunal Supremo al considerar los “indicios” de que obtuvo el título de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como un “regalo académico por su relevancia política e institucional”.
En la exposición razonada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acuerda enviar toda la pieza C, referente al máster de Casado, al Supremo incluyendo, por tanto, a los siete imputados que figuran en el procedimiento, pues entiende que “podría existir indiciaria responsabilidad penal” en Casado “en íntima conexión con otras personas no aforadas”.
Se trata del ex rector Fernando Suárez; el ex director del Instituyo de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJ), Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito, las dos últimas ex altos cargos del PP.
Y aunque la decisión de la juez es recurrible en reforma y en apelación, los recursos no implican suspensión alguna del procedimiento de admisión o no a tramite de la causa en el Supremo.
Casado aprobó el máster sin ir a clase y tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios –calificados con sobresaliente, que ni la Universidad ni Conde encuentran–.
La juez explica que la investigación “indiciariamente” permite concluir que Conde, en connivencia con Pablo Chico y Alicia López, en la edición de 2008-2009, “dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del Máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”.
Esa misma idea delictiva, explica, consiste en “regalar el máster a un grupo de alumnos elegidos, que lo aceptan, facilitando los medios para su comisión (pagando la matrícula, solicitando convalidaciones) y se benefician de ello académicamente (recogiendo el título en algunos casos, usándolo en sus cv en otros) a pesar de no haber realizado actividad alguna para ser calificados en los créditos no reconocidos”.
La magistrada sostiene que Conde “sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él, de modo que el resto del alumnado del máster de esa edición sí cursó con normalidad el mismo”.
Y “uno de los beneficiados que pudo actuar en connivencia con Conde pudo ser el aforado Pablo Casado que pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional”.
Es por ello que la magistrada señala que para su total esclarecimiento, resultan necesarias unas diligencias de investigación que la instructora no puede acordar por ser aforado y remite la causa al Supremo.
Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye la juez al presidente del PP podrían costarle su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.
Para la juez, la conducta del líder del PP puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa, porque se matricula en el máster y paga las tasas académicas, aporta su expediente académico íntegro, solicita el reconocimiento de créditos y acepta el título, que usa en su currículo.
Respecto del cohecho impropio, la juez se lo atribuye por su condición de diputado en la Asamblea de Madrid en aquellos años.
La decisión del TS sobre si investiga al líder del PP se prolongará previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre, según consideran fuentes jurídicas consultadas por Efe.
Los presuntos delitos le podrían acarrear hasta 7 años de inhabilitación al máximo dirigente popular El Alto Tribunal no decidirá hasta el mes próximo si investiga al jefe de la oposición