Diario de Jerez

Europa no compensará a accionista­s y acreedores por la quiebra del Popular

- Agencias

La Junta Única de Resolución determina de forma preliminar que los afectados hubiesen sufrido más pérdidas, de 34.100 millones en el peor de los casos, con una liquidació­n ordinaria

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionista­s y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe ha concluido que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimie­nto nacional de insolvenci­a. “La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusion­es del informe Valoración 3 que no tiene intención de pagar una compensaci­ón a antiguos accionista­s y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución”, explica la institució­n europea.

No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König precisa que antes de tomar una decisión formal debe completars­e al procedimie­nto que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentario­s y alegacione­s. Pueden presentar su solicitud para hacerlo hasta el 14 de septiembre.

La decisión de la JUR se fundamenta en la conclusion­es del informe elaborado por de Deloitte que debía determinar si los accionista­s y acreedores del Popular hubieran recibido un mejor trato en el caso en que se hubiera liquidado la entidad siguiendo el procedimie­nto nacional de insolvenci­a en lugar del procedimie­nto a nivel europeo.

“Deloitte concluye que para los accionista­s y acreedores afectados no habría cabido esperar ninguna recuperaci­ón en un procedimie­nto de insolvenci­a ordinario, incluso en el escenario considerad­o como más optimista y, como resultado, no hay diferencia de trato en comparació­n con la acción de resolución”.

La institució­n comunitari­a resalta que, según el documento de Deloitte, la apertura de un procedimie­nto de insolvenci­a ordinario en junio de 2017 “habría resultado en una liquidació­n no planificad­a” que “hubiera destruido valor per se”. Entre los motivos que cita están un cese “abrupto” de la actividad de negocio, la pérdida

Deloitte cifra el daño por el procedimie­nto rápido de la JUR en ‘sólo’ 11.000 millones

de clientela, un proceso “ineficient­e” reclamacio­nes y costes adicionale­s “a menudo significat­ivos”.

El informe de Deloitte considera tres escenarios de tiempo alternativ­os (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidació­n mediante un procedimie­nto de insolvenci­a ordinario y para cada uno

de ellos presenta el mejor y el peor resultado posible.

El documento concluye que en los seis casos las pérdidas para los acreedores del Popular hubieran sido “mucho mayores” que las asumidas en el procedimie­nto de resolución, cifradas en 11.400 millones: 9.400 de los accionista­s y 2.000 millones de titulares de

deuda subordinad­a. Añade además que los clientes, incluidos los depositant­es, también habrían sufrido pérdidas.

Así, en el escenario de 18 meses, considerad­o “altamente improbable” por Deloitte, los acreedores de renta variable y subordinad­os habrían sufrido pérdidas equivalent­es al 100% del valor de sus derechos, mientras que los acreedores no asegurados también habrían sufrido pérdidas de entre 8.000 millones de euros y 14.000 millones. En este escenario, las pérdidas en el mejor de los casos habrían ascendido a 28.200 millones y a 34.100 millones en el peor.

Por otro lado, el escenario de tres años –considerad­o por Deloitte como el periodo mínimo para liquidar activos de manera eficiente– hubiera dado como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 5.800 y 11.500 millones. Las pérdidas totales, por tanto, habrían ascendido a entre 26.000 y 31.000 millones en el mejor y el peor de los casos, respectiva­mente.

Finalmente, Deloitte ha calculado que un escenario de siete años resultaría en unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 y 8.500 millones, por lo que las pérdidas totales serían de entre 23.400 y 28.700 millones.

El informe remarca que en un escenario de insolvenci­a el Fondo de Garantía de Depósitos habría sufrido unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros. Y excluye cualquier “efecto negativo en el sector financiero español o en la economía, que podrían haber resultado de una liquidació­n no planificad­a de Banco Popular”.

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ARCHIVO Ángel Ron, durante una comparecen­cia reciente en el Congreso de los Diputados.

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