UGT propone que la Policía ayude a los inspectores contra el fraude laboral
El líder del sindicato, Pepe Álvarez, plantea que los agentes levanten acta cuando observen algún tipo de ilegalidad
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, propone dotar de formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan levantar actas en materia laboral y cooperar con Inspección de Trabajo, así como una legislación sobre las plataformas digitales, ya que “no aportan nada” y el trabajo que se deriva de ellas es “esclavitud”.
Así lo señaló en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que pidió al Gobierno “soluciones rápidas”, porque aunque lleva “poco tiempo” los españoles llevan “mucho tiempo esperando”. Pepe Álvarez marcó como prioridades el paro, la precariedad y hacer un planteamiento a medio y largo plazo que pase por evitar continuar con “degradación de la vida social, de derechos y libertades” y en materia de educación y salud.
Álvarez planteó formar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan levantar actas en materia laboral y llevarlas a Inspección de Trabajo, de forma que haya “muchos ojos que vigilen permanentemente si se respeta la legislación o si hay situación de esclavitud”, como en el sector de servicios en verano.
En este sentido, denunció que la Inspección de Trabajo tiene “pocos medios” para combatir situaciones como la de los falsos autónomos, al tiempo que abogó por legislar sobre el sector de las plataformas digitales, que “no aportan nada, solo nuevas tecnologías”, puesto que el trabajo que se deriva en buena parte de ellas es “esclavitud” y “trabajo precario, como el que había hace 30 o 50 años”.
Por ello, ve necesario legislar sobre este sector para evitar que se den procesos en Inspección de Trabajo o a nivel judicial, especialmente en lo referido a las plataformas digitales sobre reparto de comida a domicilio o concesiones VTC. Sobre esto último, defendió que hay que acabar con una situación de “competencia desleal” hacia el taxi, que ha adquirido licencias en algunos casos a precios “desorbitados”. “A un señor que ha pagado 200.000 o 300.000 euros por una licencia no se le puede cambiar las reglas del juego de hoy para mañana”, remarcó Álvarez, quien dijo no entender por qué se pueden vender y comprar licencias de unos a otros, ya que provoca que el trabajo autónomo e individual “no prevalezca”.
En todo caso, insistió en que las VTC tienen que ser regulardas y en que hay que hacer que “paguen impuestos en España”.