Dos vías para suprimir el Consejo Consultivo

con la aprobación de una una ley en el Parlamento de Andalucía.

En caso de reformar el Estatuto, el proceso sería muy arduo pero jurídicamente más sólido. El Estatuto de Autonomía exige que la propuesta de modificación sea aprobada en el Parlamento por mayoría cualificada de dos tercios. PP, Cs y Vox suman 59 escaños, por lo que necesitarían sumar al menos del apoyo de Adelante Andalucía, algo que se antoja difícil en el panorma político actual.

Además, es preceptiva la aprobación en las Cortes Generales por mayoría absoluta al tener el Estatuto consideración de ley orgánica. Una exigencia no menos problemática, porque mientras que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, populares y naranjas están en minoría en el Congreso y les resultará difícil sumar apoyos para un acuerdo que tiene también el marchamo de Vox. Y por último, habría que convocar un referéndum para su ratificación por los andaluces.

Existe un “proceso simplificado” que sería aplicable si se considera que la reforma no afecta a las relaciones de la comunidad autónoma con el Estado. La principal diferencia es que no exige la mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento de Andalucía. Pero mantiene el requerimiento de su aprobación en las Cortes por mayoría absoluta y la convocatoria de un referéndum.

Sería más rápido si se opta por la supresión del Consultivo por ley. Bastaría con que el tripartito hiciera valer su mayoría absolutapara modificar o derogar la ley 4/2005, que rige su funcionamiento. Sin embargo, es previsible que sea objeto de una larga batalla en los tribunales. Y podría derivar incluso en un recurso de inconstitucionalidad, con el argumento de que se trataría de una modificación encubierta del Estatuto, que como ley orgánica, tiene un rango superior a una ley autonómica.

Los únicos precedentes son Extremadura y Madrid, que acordaron suprimir sus respectivos Consultivos en 2015. Tanto el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara como el que presidía entonces Cristina Cifuentes optaron por aprobar una ley en sus asambleas regionales.

En Madrid no hubo batalla legal alguna ya que su Estatuto no reconocía la existencia del Consultivo. Bastó con derogar la ley que lo regulaba. La propuesta salió adelante en diciembre de 2015 con los votos de PP y Cs, la abstención de Podemos y la oposición del PSOE.

Paradójicamente, en Extremadura el sentido del voto fue opuesto. PSOE y Podemos apoyaron la ley que derogó la norma que regulaba el Consultivo, mientras que Cs se abstuvo y el PP votó en contra. A diferencia de Madrid, el Estatuto de Extremadura sí enumera al Consejo Consultivo como una de las instituciones estatutarias. Éste fue el principal argumento al que apeló Pedro Nevado, ex presidente del organismo suprimido, en sus recursos judiciales, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como el Supremo avalaron la votación de la asamblea regional.

El Supremo dictó que la derogación de la ley del Consultivo no era antiestatutaria ni por el órgano que lo dictó –Asamblea de Extremadrua–, ni por el procedimiento –mayoría absoluta– ni por el rango de la norma empleado –ley–. Además, el Alto Tribunal resaltó que el Consultivo “no es una institución básica” de la autonomía, como la Asamblea, el Consejo de Gobierno o la Presidencia, que sí están recogidas en la Constitución. El Supremo zanjó la controversia señalando que aunque esté previsto en el Estatuto extremeño, “lo relevante es su simpre existencia legal y se puede crear, suprimir o abolir, por decisión decisión del legislador autonómico”. Por lo tanto, la medida no supuso una invasión de competencias constitucionales ni se vulneró el Estatuto.

La cuestión es si este criterio sería aplicable a Andalucía, o por el contrario se requiere una reforma estatutaria de difícil recorrido político. Una duda que sólo se podrá resolver una vez que se constituya el nuevo Gobierno presidido por Juanma Moreno.

Extremadura y avaló el Supremo tras ser recurrida Madrid y Extremadura son las únicas regiones que han abolido su órgano asesor El caso madrileño no causó controversia ya que su Estatuto no recoge el Consultivo