El fiscal pide inhabilitar a José Luis Calvillo, ex alcalde de Villamartín
Anticorrupción acusa al ex regidor, ya retirado de la política, de realizar un contrato ilegal
Esta semana se celebra en la Audiencia Provincial con sede en Jerez el juicio a José Luis Calvillo, el que fue alcalde de Villamartín durante dos legislaturas (20032007 y 2007-2011) por el Partido Socialista. La Fiscalía Anticorrupción acusa el ex regidor, hoy ya retirado de la política, de un delito continuado de prevaricación por realizar un contrato ilegal y solicita para él 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo electo.
El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que el 8 de enero de 2007, José Luis Calvillo, en su condición de alcalde de la localidad de Villamartín, formalizó un contrato temporal por obra y servicio con una mujer, V.S.. Según el fiscal, lo suscribió “sin que se hubiese seguido procedimiento de selección alguno, quebrantándose los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
Así, el ex regidor, con la intención de darle “de manera arbitraria” un empleo público a la referida mujer, solicitó mediante escrito de 22 de diciembre de 2006 y con sello de entrada de 3 de enero de 2007 en la Agencia de Colocación adscrita a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que por parte de la misma se le remitiesen tres candidatos para cubrir dicha plaza.
Por parte de la Agencia de Colocación, apunta el fiscal, se hizo un sondeo informático ese mismo día y se envió al Ayuntamiento una relación de tres personas que cumplían los requisitos para ser seleccionadas, siendo ordenadas simplemente por antigüedad de inscripción, sin que por parte de la Agencia se realizase prueba alguna de baremación de méritos. Los preseleccionados, por tanto, no tenían otorgada ninguna puntuación.
Según el escrito de acusación del fiscal, el 8 de enero de 2007 se formalizó finalmente por José Luis Calvillo el contrato de trabajo objeto de este caso con V.S., “sin que se hubiese citado a entrevista a ninguno de los tres candidatos que le fueron remitidos por la Agencia de Colocación de la Mancomunidad y sin que se hubiese realizado baremación alguna de méritos y capacidad de ninguno de los tres candidatos”.
“Aunque el contrato fue suscrito para un servicio en concreto como era la participación en la redacción de un estudio de relaciones laborales”, señala el fiscal Anticorrupción, “dicha causa era un simple pretexto para que la elegida caprichosamente continuase de manera arbitraria durante varios años en el Ayuntamiento, ya que una vez finalizada su escasa y corta colaboración en la redacción de ese estudio de relaciones laborales y, por tanto, una vez cumplido el objeto de su contratación, en vez de extinguirse la relación laboral, V.S. continuó prestando servicios en la corporación local”. Así, fue destinada a un nuevo departamento y pasó a desempeñar otras funciones de auxiliar administrativo hasta el 6 de mayo de 2012, “prestaciones laborales que hubieran necesitado otro procedimiento de selección que hubiese permitido al resto de ciudadanos optar a dicho puesto público”.
Se da la particularidad que durante el periodo de tiempo que V.S. “supuestamente estuvo realizando el estudio de relaciones laborales –que era el único objeto por el que se la contrató– no tenía mesa asignada, ni ordenador, ni lugar fijo de trabajo en el Ayuntamiento”, razón por la que realizó su labor inicialmente “en la antealcaldía y en el Salón de Plenos”; después pasó al local del sindicato UGT fuera del edificio del Consistorio, ya que fue elegida delegada de la sección sindical de los trabajadores del Ayuntamiento perteneciente a UGT. No se reubicó a las dependencias municipales hasta que finalizó dicho trabajo de estudio de relaciones laborales, especifica la Fiscalía Anticorrupción.