Tardón ve perseguible la traducción de la demanda contra Llarena en Bélgica
La juez María Tardón considera que la Fiscalía podría haber actuado en España contra los autores de la demanda civil contra el magistrado Pablo Llarena, entre ellos el abogado Gonzalo Boye, al apreciar “una clara alteración de la traducción” que “tergiversa las declaraciones del magistrado”.
Sin embargo, señala que no puede investigar esa conducta porque el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que regula la justicia universal– establece que estos delitos –cometidos por españoles en el extranjero– sólo son perseguibles previa interposición de una querella del agraviado o de la Fiscalía, lo que no ha sucedido en este caso.
La jueza de la Audiencia Nacional hace esta ref lexión en el auto, contra el que cabe recurso, por el que rechaza tramitar las querellas presentadas por Vox y una asociación de juristas contra la juez belga que lleva la demanda contra Llarena, así como contra Carles Puigdemont, cuatro exconsellers y Gonzalo Boye.
Tardón ha adoptado esta decisión, con el visto bueno de la Fiscalía, al apreciar una “evidente intención” de los querellados de desacreditar las actuaciones de Llarena al someterlas a la censura de la jurisdicción de un país extranjero.
Considera además que ninguno de los hechos que les atribuyen a los querellados tienen “ni remotamente” encaje en los delitos ref lejados en las querellas, en las que se señala a Puigdemont y a cuatro de sus ex consellers como autores de delitos de rebelión, sedición y contra la paz e independencia del Estado.