El número de pensiones cae tres meses consecutivos por primera vez en Cádiz
La disminución se debe al descenso de las pensiones por incapacidad, que suman siete meses a la baja, mientras que las jubilaciones siguen al alza y marcan un nuevo máximo histórico
El número de pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social ha encadenado tres meses consecutivos a la baja en la provincia de Cádiz por primera vez en lo que va de siglo. En mayo se pagaron 222.260 pensiones, casi 400 menos que en el mes de febrero. Aunque la disminución es pequeña en términos relativos, supone un cambio histórico de tendencia que todavía no se traduce en un menor gasto. La nómina mensual de mayo ascendió a 223,6 millones de euros, 200.000 euros más que en el mes anterior, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La disminución del número de pensiones se debe fundamentalmente a que las incapacidades se están reduciendo de forma paulatina pero sostenida desde hace ocho meses. En mayo se pagaron 38.646 incapacidades, lo que supone un descenso del 2% en comparación octubre del año pasado, mes en el que se abonaron 39.403.
En cambio, las pensiones contributivas por jubilación mantienen su tendencia al alza. En mayo se abonaron 114.713 jubilaciones, la cifra más alta de la historia, tras sumar 109 nuevas pensiones respecto a abril. Además, la pensión media de los jubilados sigue siendo la más alta de Andalucía junto a Sevilla, al ascender a 1.195 euros. 30 euros más que la media española. El resto de componentes de las pensiones contributivas (viudedad, orfandad y favor de familiares) se mantienen prácticamente estables. Esto explica que el gasto en pensiones siga aumentando en la provincia.
Cádiz presenta una casuística particular respecto al resto de España. En el conjunto del país la nómina mensual de las pensiones descendió por primera vez en mayo como consecuencia de la mortalidad del coronavirus en el colectivo de pensionistas y el cierre de la administración, que ha dificultado la tramitación de altas en el sistema. En cambio, la situación de Cádiz se debe a que es una de las provincias donde las incapacidades tienen más peso en el conjunto de las pensiones, y cualquier modificación en esta variable afecta al balance final.
Las incapacidades suponen el 17% de las pensiones contributivas abonadas en la provincia, casi ocho puntos más que la media española. Es más, Cádiz aporta el 4% de las incapacidades de España pese a que alberga el 2,6% de la población total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Las pensiones de incapacidad se dividen en cuatro categorías en función de la inhabilitación que sufre el beneficiario para ejercer su trabajo habitual. En la pensión por invalidez parcial, el trabajador puede seguir en su puesto al ser la incapacidad menor del 33%, aunque sufre una disminución en su rendimiento. Implica una indemnización en un solo pago equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. Son prácticamente residuales. En el caso de Cádiz, la última se abonó en marzo de 2016, según la Seguridad Social.
Un paso más allá es la incapacidad total, que supone que la persona no puede trabajar en su profesión habitual, pero sí puede buscar un empleo en otra actividad. Implica el 55% de la base reguladora, salvo en mayores de 55 años, que se eleva al 75%, y es compatible con otro trabajo siempre que sea adecuado a la situación del beneficiario. Esta categoría es la más numerosa hasta abril, último mes del que existen desgloses. La cifra de beneficiarios se situó en Cádiz a 23.599, 240 menos que en diciembre de 2019, cuando se alcanzó el máximo histórico: 23.839. La pensión media se sitúa en 810 euros mensuales.
La tercera categoría está constituida por las incapacidades absolutas, conocidas popularmente como la paguita. Se conceden a las personas que sufren de una enfermedad o lesión que les impide ejercer cualquier trabajo. Los beneficiarios perciben el 100% de su base reguladora, que puede aumentar
en casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, o por complementos de maternidad. Se diferencian de las incapacidades totales no sólo en la cuantía, sino en que el beneficiario está exento de trabajar por el alcance de sus lesiones.
Esta categoría está en franco retroceso tras años de ascenso imparable y es la que explica la disminución del número de pensiones contributivas. En abril se abonaron 14.167, la cifra más baja desde el mismo mes de 2011. Desde el récord alcanzado a mediados de 2017 (15.381), ha retrocedido casi un 8%, aunque su importe medio sigue al alza, ya que ascendió a 1.234 euros mensuales.
La cuarta y última categoría son las pensiones de gran invalidez, para personas que necesitan asistencia permanente para atender sus necesidades básicas. Son las que perciben una cuantía más alta, ya que comprenden un complemento para remunerar a la persona que atiende al pensionista. En la provincia de Cádiz, la cuantía media se sitúa a 2.007 euros mensuales y el número de beneficiarios se ha mantenido estable en torno al millar desde hace más de cuatro años.
La alta prevalencia de las incapacidades se debe en gran parte a que la reconversión industrial del sector navalse acometió a través de estas pensiones en vez de con despidos o prejubilaciones, para garantizar la paz social, según José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz. “En vez de un ERE se concedieron incapacidades absolutas, muchas de ellas por hipoacusia bilateral severa, y se quitaron de encima la conf lictividad social”, señala José
Blas Fernández. “Antes había más permisividad y no existía un criterio único de las patologías que eran invalidantes”, agrega el presidente del colegio gaditano de los graduados sociales.
La situación ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, en los que se han unificado los baremos de valoración., por los que su concesión es más difícil. A ello se suma el hecho de que los procesos administrativos han estado paralizados desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. “Pasar de lo mucho a lo poco radicalmente es un problema. La gente tiene ahora más miedo a pedirla porque al final acaba en los juzgados”, sostiene. El proceso judicial es costoso ya que el solicitante tiene que aportar un perito especializado para refutar el informe contrario a la pensión. A eso se suma los retrasos de la justicia. “Tengo juicios señalados para dentro de dos años y medio, y con el coronavirus la parálisis judicial a peor”, explica el presidente del Colegio de Graduados Sociales, que pronostica un aumento de la litigiosidad en los próximos años después de que se haya abierto la puerta a que el Covid sea declarado enfermedad profesional.