El ministro de Justicia dice que “no hay plan b al estado de alarma”

“No queremos que nos pase como a otros países, que por una relajación excesiva han sufrido repuntes”, ha dicho

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que “normativamente hablando no hay plan b al estado de alarma”. “Sin modificar las leyes, no hay posibilidad hoy de otorgar las facultades de coordinación que exige acometer una pandemia”, ha añadido.

En una entrevista en el programa Cuaderno de Bitácora de 7TV Cádiz, recogida por Europa Press, Campo ha recordado que “es la primera vez que se decreta con una pandemia y hoy en el ordenamiento jurídico no hay un plan b para el estado de alarma”. Para modificar unas leyes que permitiera al Gobierno otorgar las facultades de coordinación que exige acometer una pandemia “hay que hacerlo con el consenso necesario y tiene un tiempo de tramitación”.

“Cuando se establecía la necesidad de prorrogar el estado de alarma, no era una cuestión caprichosa, es que no hay plan b”, ha incidido el ministro de Justicia, que ha añadido que “no queremos que nos pase como a otros países, que por una relajación excesiva han sufrido repuntes”.

Campo ha defendido el estado de alarma asegurando que “no supone ninguna devaluación del Estado de Derecho, no hay ningún derecho suspendido, lo único que hay es la restricción que exige acometer la pandemia, una limitación de la movilidad, una atenuación de la libertad deambulatoria, que es el único medicamento para combatir el Covid-19”. “O tenemos decreto de alarma prorrogado o tenemos un problema”, ha añadido.

Campo ha afirmado que “la Justicia ha dado la talla” en este tiempo de estado de alarma, aseverando que “la Justicia se ha ralentizado pero no se ha parado”. En cuanto a los planes de desescalada, ha manifestado que “reactivarla a partir del 4 de junio para volver a pararla en agosto era un despropósito”. “Cuanto estamos hablando de una desescalada, tenemos que establecer los mecanismos para que la Justicia, que tradicionalmente se ralentiza en julio y tiene una paralización enorme en agoto, este año fuera diferente, por lo que hemos articulado una recomendación a los jueces para intentar conciliar todos los intereses en juego”.

Campo ha señalado que la Administración de Justicia “está muy por debajo de otros servicios públicos, por lo que hablar de teletrabajo de un modo generalizado en esta administración es quimérico y la paralización es profunda”. “No es una administración modernizada y esa necesidad se ha hecho palpable y ahí va encaminada mucha parte de la ley de agilización”, ha explicado.

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional,

el ministro de Justicia ha dicho que “no pueden quedarse aparcados por discrepancias políticas”, por lo que ha invitado a “hacer un esfuerzo”. “España es un Estado democrático de derecho y lo primero que tenemos que hacer todos aquellos que estamos en la política es cumplir el ordenamiento jurídico, y la renovación de los órganos constitucionales es un imperativo”, ha argumentado.