La ‘app’ para el rastreo de contagios provoca en Francia un debate ético
Los defensores de los derechos civiles ven en esta aplicación un riesgo para las libertades individuales
La aplicación digital que el Gobierno francés lanza esta semana para ayudar a controlar la epidemia de coronavirus, StopCovid, ha topado con la oposición de los defensores de los derechos civiles, que ven en ella un riesgo para las libertades individuales.
Ese nuevo dispositivo, de uso voluntario, permitirá a quien haya dado positivo alertar automáticamente al resto de usuarios con los que el bluetooth de su teléfono haya estado en contacto a menos de un metro y como mínimo durante 15 minutos para que estos últimos puedan hacerse la prueba y frenar así la cadena de contagios.
Sobre el papel, para el Ejecutivo, todo son ventajas. “Es una herramienta importante de protección personal y colectiva. Responde a un imperativo sanitario, pero también social: hacer todo para evitar un resurgimiento de la epidemia”, indica el secretario de Estado de la Economía Digital, Cédric O.
StopCovid estará operativa desde mañana, día de inicio de una nueva fase de la desescalada en Francia, y ha obtenido la aprobación del Parlamento y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades
(CNIL), encargada de velar por la protección de datos.
Pero desde que fue anunciada el 8 de abril es foco de inquietudes, aunque el Gobierno asegura que será imposible conocer la identidad del usuario o geolocalizar y que su utilización se mantendrá voluntaria y limitada a la duración de la pandemia, que en Francia ha provocado unas 28.700 muertes.
“Nunca hay garantías al 100%”, dice Anne-Sophie Simpere, experta de Amnistía Internacional en la defensa de las libertades.
Las críticas sobre los peligros de esa aplicación que también se plantean otros países europeos coinciden. Para que fuera eficaz, debería descargársela el 60% de la población, pero experiencias similares en Singapur o Corea del Sur ref lejan que no superó el 30%.
La apuesta por el bluetooth también está en el punto de mira: “Su problema es la calibración. Su potencia para calcular la distancia dependerá de la marca y del modelo del teléfono”, explica el jefe del Laboratorio de Informática Fundamental de la Universidad de Orleans, Benjamin Nguyen.
La principal oposición no es tanto informática como ética: “Cada vez que se implantan medidas que restringen los derechos cuesta volver al mismo nivel de protección que antes”, señala Simpere.
La opinión de la población de momento está dividida. Según un sondeo de los institutos Odoxa y Dentsu Consulting difundido el fin de semana por el diario Le Figaro, un 55% no piensa descargársela y sólo un 19% está plenamente convencido de hacerlo.