TRAICIÓN A LA LENGUA DEL ESTADO
EL PSOE –¡quién lo ha visto y quién lo ve!–, Unidas Podemos –impulsor de medidas antisistema– y ERC –el secesionismo convicto que sostiene al Gobierno de coalición– han conculcado el artículo 3 de la Constitución. El castellano, la lengua oficial del Estado, la que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar, dejará de ser la lengua vehicular en la enseñanza. Socialistas, podemitas y los republicanos independentistas catalanes que lidera el preso Junqueras han consumado en la Comisión de Educación del Congreso una felonía a la norma constitucional: hacer de la Educación una moneda de trueque acuñada con políticas de burdel.
La Lomloe, más conocida como Ley Celaá, que lleva dos años en tramitación y ahora se aprobará de manera exprés, sin consenso y sin contar con la comunidad educativa, legalizará la práctica desaparición del castellano en las aulas. La potenciación del catalán, del euskera y del gallego es plenamente legítimo, forman parte del acervo cultural de esas regiones, pero nunca en detrimento del castellano, que es lengua oficial y docente. El lenguaje, como decía el escritor inglés Samuel Johnson, “es el vestido de los pensamientos, el pedigrí de las naciones”, y el nuestro se difumina en el país donde nació, el que más debiera cultivarlo.
La agresión a las libertades y a derechos fundamentales alcanza en esta norma una cota de enorme peligrosidad por cuanto infiere en la cohesión y en la formación y pensamiento de las nuevas generaciones que, en Cataluña, sobre todo, pero también en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en el País Vasco y en Navarra serán amamantadas en las ubres del separatismo. El Gobierno necesita que ERC apoye los Presupuestos y a ERC, como al resto de los nacionalismos irredentos, ya no le basta con las capitulaciones logradas desde que auparon a Pedro Sánchez, y la Educación, la aniquilación legal del castellano en sus regiones, obtener permisividad formal para transfigurar el verbo y manipular la historia, es un objetivo crucial para la desarticulación escalonada del Estado.
La Ley Celaá refrenda años de agresiones a la lengua castellana, de lo que tienen gran responsabilidad los gobiernos del PP y del PSOE que toleraron la desobediencia constante a las innumerables sentencias de los tribunales por el acoso de las autoridades catalanas a cuantos emplean el castellano, como también que en la inmensa mayoría de los colegios de Cataluña solo se imparta en la lengua oficial del Estado la asignatura Lengua Castellana. Los gobiernos centrales nunca atajaron tamañas arbitrariedades, al contrario, con mayor o menor hipocresía, en todo este tiempo de robustecimiento nacionalista consintieron la sistemática violación de los derechos de esa otra mitad de habitantes de aquella comunidad que no comparten las tesis soberanistas.
Las consecuencias son de extrema gravedad, aunque hasta la formación del Gobierno Frankenstein casi nadie podía preveer que la acción política se precipitara por derroteros tan sombríos. Y es hasta probable que Pedro Sánchez tampoco. Pero ahí está, exultante en el caos y compensando a sus socios por el poder prestado.
Sánchez está exultante en el caos compensando a sus socios por el poder prestado