El TSJA y la Fiscalía Anticorrupción defienden las bondades de la ley andaluza contra el fraude
Del Río cree que servirá para que los ciudadanos recuperen la credibilidad en las instituciones
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, valoro ayer el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de la persona denunciante, señalando que se trata de una buena iniciativa para que “los ciudadanos recuperen la credibilidad en las instituciones”.
Del Río intervino en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para exponer su opinión sobre el mencionado proyecto y recordar que se inspira en la directiva del Parlamento europeo de protección del denunciante, que debe ser incorporada a la legislación española antes de que acabe diciembre de este año. En este sentido indicó que la ley que se prepara sólo se refiere a protección en casos de “fraude, corrupción y conflicto de interés”, mientras que la directiva europea en más amplia e incluye otros aspectos como el bloqueo de capitales. Y como esta directiva también tendrá su ref lejo en la legislación nacional, Del Río señaló que la ley andaluza tendrá a su vez que “adaptarse a la ley nacional”.
El presidente del TSJA consideró en cuanto a las competencias de la oficina contra el fraude que están “bien trabajadas” y se ha procurado “evitar el solapamiento y la doble investigación” en relación con la labor que puedan realizar jueces y fiscales en esos asuntos, por lo que ha manifestado que ese “engranaje es correcto”, de tal manera que cuando se detecte una posible responsabilidad penal “inmediatamente se deriva” a los órganos competentes. Por último, concluyó que su valoración del proyecto de ley es positiva. “No le veo elementos de distorsión, creo que puede ser una buena iniciativa para que los ciudadanos crean en las instituciones”, zanjó.
En la comisión parlamentaria también compareció el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto Patiño, quien acogió igualmente de forma positiva un proyecto de ley que, según ha dicho, pretende “promover buenas prácticas en el ámbito del sector público andaluz”. El fiscal alertó de que a lo largo de la labor del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción han observado la existencia de lo que ha denominado como “mapas de riesgos”, por lo que ha considerado relevante que se analice dónde están “esas fallas y esos riesgos para prevenir que en el futuro se cometan”.